Fuerteventura vivió esta tarde noche la mayor manifestación de su historia, convocada por los colectivos ciudadanos a partir de la demanda unánime de no realizar actividades petroleras frente a sus costas. La iniciativa multitudinaria de Fuerteventura tuvo también su reflejo en todas las islas del archipiélago canario, así como en varias decenas de ciudades de toda la Península y diversos países. Desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario se evaluó en torno a 18.000-20.000 personas en el momento de la llegada de la manifestación de vuelta a la plaza de la Iglesia de Puerto del Rosario, en torno a las 20.30 horas.
No es la primera
vez que la sociedad majorera protesta en las calles contra las prospecciones
petrolíferas de Repsol, reactivadas por el Gobierno de España en 2012, después
de que los tribunales las suspendieran en 2004. En esos ocho años de suspensión
existía un acuerdo entre el Gobierno de España y las autoridades canarias por
el que las prospecciones de Repsol no se volverían a autorizar, si antes no
existía un consenso previo de las instituciones y la sociedad canaria.
Este acuerdo se
rompió unilateralmente por el Gobierno de España a partir de noviembre de 2011,
con el acceso del actual gobierno del PP. Desde ese momento en decenas de
ocasiones todos los ayuntamientos de Fuerteventura y Lanzarote, los dos
cabildos orientales, el Parlamento de Canarias y el Gobierno de Canarias han
venido rechazando la reactivación de estos sondeos petrolíferos. También lo han
rechazado decenas de instituciones científicas de todo el mundo, advirtiendo de
los peligros ambientales que este proyecto petrolífero puede generar. Muchos
movimientos sociales, ONG’s y colectivos de todo tipo también han formado parte
de este amplio consenso antipetrolero.
Sin embargo, el
Gobierno de España no ha escuchado esta reivindicación. Mantuvo el proyecto de
la multinacional Repsol frente a las solicitudes de suspensión de las
instituciones locales, y hasta ha impulsado y agilizado trámites en beneficio
de dicho proyecto.
Frente a ello,
más de 11.000 personas firmaron en agosto de 2013 contra el Estudio de Impacto
Ambiental de Repsol, lo que no fue óbice para que el Ministerio anunciara su
tramitación positiva el pasado 29 de mayo, víspera del Día de Canarias.
Ante la falta de
atención del Gobierno de España a las demandas locales, las denuncias en los
tribunales (siete recursos presentados por instituciones, ONg’s y sindicatos),
están dirigidas también a la paralización de estos proyectos, exponiendo la
múltiples carencias que han marcado su elaboración.
El próximo
martes, 10 de junio, el Tribunal Supremo ha fijado la fecha del fallo de dichos
recursos. El señalamiento inicialmente fijado para el 1 de abril pasado tuvo
que ser suspendido por el propio Tribunal Supremo, al constatar que ni Repsol
ni el Gobierno de España habían incluido en la tramitación del expediente la
información relativa a una nueva área marina protegida que el propio Ministerio
de Medio Ambiente está tramitando.
Esta nueva área
marina protegida abarca una superficie que representa el 80% de las 616.000
hectáreas autorizadas en 9 grandes cuadrículas marinas a la multinacional Repsol, frente a las costas de Fuerteventura
y Lanzarote.
