Fuerteventura continúa colaborando en las labores de evaluación psicológica y social del grado de discapacidad de las personas residentes en la Isla. Una medida prioritaria para agilizar la prestación de la atención a las personas con discapacidad de la Isla.
Esta tarea que corresponde a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, pero que no dispone de los medios necesarios para ello en Fuerteventura. Por este motivo, el Pleno de la Corporación aprobó hoy la renovación de esta colaboración, gracias al trabajo realizado por el anterior consejero de Políticas Sociales, Adargoma Hernández.
El pasado mes de octubre fue aprobada la encomienda de gestión de 2022 y seguidamente se empezó a trabajar desde Políticas Sociales para tener lista el convenio del 2023. “Celebro que hoy se haya adoptado el acuerdo en Pleno, ya que es importante tenerlo aprobado antes de finalizar el año y que entre en vigor el 1 de enero”, explicó Hernández.
De esta manera, el Cabildo aporta al equipo de valoración una persona trabajadora social y un psicólogo. Profesionales que trabajan en la redacción de los informes que sirven de base para el dictamen del grado de discapacidad de las personas, formulado por el equipo de valoración y orientación (EVO). Por su parte, la comunidad autónoma aporta una médica y una auxiliar administrativa.
Con esta renovación, se cumple con el compromiso de atender una de las necesidades prioritarias de Fuerteventura, poder mejorar la prestación del servicio y agilizar las resoluciones de discapacidad que son necesarias para que las personas puedan recibir cuanto antes la correspondiente atención profesional.
Sin embargo, tanto la portavoz de CC en el Cabildo, Lola García, como el consejero Adargoma Hernández, vuelven a recordar al Gobierno de Canarias, tal y como han hecho en numerosas ocasiones, que las listas de espera se prolongan durante meses y es necesario que ejecutivo autónomo incorpore de una vez un equipo completo para evaluar el grado de discapacidad, que es de su competencia.
“Hablamos de que, en octubre de 2022, la lista de espera para la evaluación psicológica y social en Fuerteventura era de 286 personas y se estaban citando personas que habían presentado solicitud incluso desde marzo de 2021, según el tipo de especialista o profesional requerido”, señala Hernández.
“Tenemos que seguir luchando para que en Fuerteventura exista el equipo 100% que necesita. El actual no es suficiente y por eso hay que exigir esta necesidad al Gobierno de Canarias”, añadió el consejero.
El Gobierno de Canarias debe completar el equipo para estas tareas. Se trata de trabajos tan importantes como la redacción de informes técnicos para acceder a vivienda de protección oficial, ingreso en centros residenciales sociosanitarios, acceso y adecuación a puestos de trabajo y acceso a planes de ayudas de ayuntamientos, así como cualquier otro que corresponda emitir a los equipos EVO.