Calero
traslada la preocupación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el
incumplimiento normativo e impago de sanciones por parte de visitantes
extranjeros
La diputada por Fuerteventura insta al Gobierno a buscar con urgencia una
alternativa legal consensuada con la Unión Europea
La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Nereida
Calero, ha hecho extensiva la queja de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado de la isla de Fuerteventura que, como muchos compañeros,
perciben cierta impunidad por parte de turistas y visitantes extranjeros ante
la imposición de una sanción que saben que una vez que regresen a su país de
origen, nadie les exigirá.
Dichos agentes consideran, según le han hecho llegar
a la propia diputada, que el Gobierno debería garantizar el cumplimiento de las
leyes y normas por parte de los turistas y de más personas extranjeras
que
visitan Canarias por distintos motivos, al igual que lo deben hacer los
residentes.
“Dicho incumplimiento de las normas no solo tiene
consecuencias a la hora de mantener el orden y la seguridad ciudadana,
especialmente, en zonas de gran afluencia de turistas, sino que es ineficaz en
lo que a recaudación se refiere, además del agravio comparativo que supone para
los residentes”, señala Calero.
La diputada ha destacado que solo las multas de
tráfico son ejecutadas gracias a la directiva 2015/413 de la Unión
Europea, la cual permite el intercambio transfronterizo de información sobre
infracciones de tráfico en materia de seguridad vial y la consiguiente
aplicación de las sanciones, mientras que, por ejemplo, las sanciones
administrativas en materia de seguridad sanitaria, difícilmente pueden
cobrarse.
En este sentido, la diputada por Fuerteventura, “en
nombre de estos miembros de los Cuerpos de Seguridad y del resto de ciudadanos
que vivimos aquí, y que sí
cumplimos las normas y somos sancionados si no lo
hacemos” pidió al consejero autonómico que inste al Gobierno de España “a
buscar con urgencia una alternativa legal, consensuada con la Unión Europea,
para que todo infractor extranjero que cometa en España una sanción
administrativa, proceda al abono antes
de abandonar el país, o una vez abandonado se le pueda cobrar por un procedimiento de
apremio o similar”.