Coalición Canaria y PP exigen “garantizar la legalidad de los acuerdos del Cabildo”

Los grupos Coalición Canaria y Partido Popular del Cabildo de Fuerteventura han solicitado asesoramiento al Secretario General del Pleno de la Corporación insular acerca del número mínimo necesario de miembros para su funcionamiento del Consejo de Gobierno que puede afectar a la legalidad de sus acuerdos. Esta solicitud fue registrada el pasado viernes en el Cabildo, en aras de conseguir la máxima seguridad jurídica para los acuerdos que se tomen en Consejo de Gobierno.

Ambos grupos manifiestan la grave inseguridad jurídica que ha creado el presidente del Cabildo, que a pesar de ser advertido, no le ha importado continuar apegado al sillón, celebrando sesiones del Consejo de Gobierno sin dirimir la legalidad de los actos del mismo, y que podrían declararse nulos con las graves consecuencias jurídicas y económicas de confirmarse las irregularidades cometidas.

Los grupos Coalición Canaria y Partido Popular consideran una irresponsabilidad que se celebren sesiones del Consejo de Gobierno hasta que no se aclare esta situación. El artículo 42.2 del Reglamento de Funcionamiento del Cabildo de Fuerteventura especifica que el quorum no puede ser en ningún caso inferior a tres miembros. Lo mismo indica el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). En consonancia con lo manifestado, el Consejo de Gobierno no podría reunirse conforme su composición actual, con sólo dos miembros.

Tanto CC como PP consideran esencial el cumplimiento de la legalidad para el correcto funcionamiento del Cabildo y que los acuerdos que se aprueben en Consejo de Gobierno tengan la seguridad jurídica que necesitan. Los grandes temas de interés para Fuerteventura que se llevan al Consejo de Gobierno no pueden correr peligro de resultar nulos por la obstinación del señor Lloret.

Tanto CC como PP consideran necesario garantizar la legalidad de los acuerdos del Consejo de Gobierno, ya que esta posible irregularidad, de confirmarse, harían nulos los acuerdos del consejo, con las consecuentes indemnizaciones que supondría a terceros por los daños y perjuicios que ocasione, y cuya responsabilidad esperamos que las asuma el presidente del Cabildo, dimitiendo, y no los ciudadanos de Fuerteventura.