Consorcio de Aguas de Fuerteventura aprueba aplazamiento de pagos pendientes de al menos 8 meses para quien no pueda afrontar facturas
04 de mayo de 2020 (12:14 h.)
El Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura ha aprobado el fraccionamiento y aplazamiento de los pagos pendientes para quienes no puedan afrontar las facturas del agua, una medida que antecede a la modificación de la ordenanza fiscal del CAAF, ya en marcha, para que contemple la posibilidad de exenciones fiscales o bonificaciones a los colectivos más vulnerables.
La medida, de carácter inmediato previa solicitud, pasa por un aplazamiento del pago en función de tramos de la deuda, siempre que no sobrepase los 20.000 euros.
Así, para las facturas acumuladas pendientes de pago por un valor que va desde los 50 euros hasta los 600 euros, el aplazamiento será de ocho meses, para facturas desde 601 a 6.000 euros el plazo será de 10 meses, de 6.001 a 12.000 será de 14 meses y de 18 meses para deudas desde 12.001 hasta 20.000 euros.
Precisamente, el CAAF ha aprobado en junta general extraordinaria el inicio de la modificación de su ordenanza fiscal para que contemple la posibilidad de exenciones fiscales o bonificaciones a los colectivos más vulnerables, una medida que a día de hoy no es posible tal y como recoge la ordenanza.
El presidente del Cabildo, Blas Acosta, explicó que el procedimiento de modificación de la ordenanza fiscal que ahora se inicia supone “un proceso complejo, que lleva su tiempo, pero que es absolutamente necesario” para ajustar la normativa a la nueva normalidad producida por el Covid-19 y “atender las necesidades de abastecimiento de agua de la población de Fuerteventura, que debe estar garantizado como bien de primera necesidad independientemente del nivel de ingresos que se tenga” consideró.
Para el consejero de Aguas del Cabildo de Fuerteventura, Carlos Rodríguez, con la posibilidad de fraccionamiento o aplazamiento inmediato de las deudas “se cumple con una demanda de los usuarios y más en estos momentos tan difíciles en los que las economías familiares pasan por un momento crítico”, reflexionó.
El objetivo es dar cobertura, por un lado, a la población más vulnerable, que estará previsiblemente en el primer tramo, pero también incluye a las PYMES que no puedan afrontar el pago inmediato, razón por la que se amplía el plazo desde los 8 meses a 18 en función de la cuantía.