El
presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, informó hoy, viernes 3
de marzo, en rueda de prensa de las acciones que está emprendiendo el Consejo
Insular de Aguas de Fuerteventura (CIAF), cuya Junta de Gobierno se reunía a
continuación con el fin de tratar “temas decisivos” para el
abastecimiento de agua potable a la isla de Fuerteventura, destacó Lloret.
Entre
ellos, de especial relevancia se consideró la culminación del expediente de
declaración de Emergencia Hídrica para la isla. Un expediente “complejo”,
en palabras del presidente, que tal y como explicó durante la rueda de prensa
el vicepresidente y consejero de Aguas, Juan Nicolás Cabrera, “va a permitir
dar respuesta inmediata a la situación de desabastecimiento que están
padeciendo distintas zonas de la isla”.
Con
esta aprobación definitiva del expediente de Emergencia Hídrica, se autoriza al
Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF), a incorporar a su
caudal fuentes de agua desalada externos, que supondrán un incremente de más de
5.000 metros cúbicos de agua diarios en la red, procedentes de centros de
producción tanto públicos como privados, que permitirá incrementar el volumen y
el caudal para dar cobertura hidráulica a todos los rincones de la isla.
Se
trata de una “solución provisional” y transitoria “para paliar la
situación de emergencia existente”, cuya resolución definitiva vendrá dada,
tal y como explicó Lloret, a través de los tres proyectos de Interés Insular
que se están tramitando desde la Institución Insular, a través del Plan Insular
de Cooperación en Actuaciones de Garantía al Abastecimiento Domiciliario de
Aguas (PICABAS).
Tres
proyectos cuyo objetivo es configurar una completa red de abastecimiento para
la isla que suponga “una solución definitiva al problema del agua de hoy y
de dentro de 25 años”, incluyendo tres centros productores, uno en la
Comarca Norte, otro en la Comarca Sur y otro en la zona centro de la isla.
Una
“planificación a gran escala”, en palabras de Juan Nicolás Cabrera, que
requerirá varios años de tramitación y ejecución, pero que supondrán una “solución
definitiva, sostenible y eficaz” para Fuerteventura.