El
Grupo socialista en el Cabildo propone la constitución y puesta en marcha de un
“banco de tierras” en la Isla de Fuerteventura como fórmula innovadora para
potenciar la Economía Verde, fomentar un aprovechamiento sostenible de los
suelos en desuso o abandonados y ofrecer oportunidades y nuevas vías de negocio
y empleo en el entorno rural. La
propuesta consiste, en síntesis, en la creación de un registro de terrenos con
la finalidad de que todos los propietarios de terrenos abandonados, baldíos, en
desuso, heredados o con árboles en estado de abandono por no poder cuidarlos o
por otras causas, comuniquen a la Administración insular su interés de
considerar la incorporación de esas tierras a los proyectos de reforestación,
mantenimiento y creación de nuevos campos agrícolas o arbolados de
frutales u otros cultivos, promovidos desde las Consejerías de
Agricultura, ganadería y Pesca y de Medioambiente y Sostenibilidad
Medioambiental en el marco de sus proyectos de lucha contra el cambio climático,
la desertización, la despoblación rural y el fomento del empleo verde. La
moción que presenta el Grupo Socialista al próximo Pleno de la Corporación
Insular incide sobre aspectos claves que afectan a nuestra Isla con el doble
objetivo de evitar el abandono de la tierra agraria y de ponerla a disposición
de todas aquellas personas que necesiten disponer de esos terrenos para usos
agrícolas. El Cabildo Insular actuaría como garante ante los propietarios de
suelos e incentivaría su aprovechamiento para los usos adecuados. Las tierras en abandono son un
agujero económico por sus titulares, así como causa de erosión del territorio,
por lo que la creación de un banco de tierras no solo aumenta
las oportunidades de trabajo y negocio relacionados con el sector agrario,
sino que también supone gestionar el territorio, fijar y dar oportunidades
a la población local y luchar contra el cambio climático. El
banco de tierras podría convertirse en una herramienta muy adecuada para
potenciar la figura del agricultor como emprendedor y propiciar el relevo
generacional en el sector, de modo que los beneficios del establecimiento de
esta fórmula innovadora impulsada desde el Cabildo Insular puede contribuir al
desarrollo socioeconómico rural y la protección medioambiental. Entre las diferentes zonas consideradas idóneas
para el desarrollo de esta iniciativa destaca el entorno de Tesejerague, en el
municipio de Tuineje, La
potenciación de la economía verde es uno de los grandes retos que tiene por
delante las administraciones públicas como mecanismo para poner en valor los
recursos naturales, fomentar su aprovechamiento sostenible y ofrecer nuevas vías
de negocio que permita a las empresas ser más competitivas conservando la
biodiversidad. A
falta de una definición internacionalmente admitida, el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha adoptado una que la convierte en un
concepto lo bastante amplio y flexible para englobar distintos enfoques
nacionales y locales: “La economía verde es una economía
que mejora el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce
significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. A nivel
práctico, se puede considerar que, en una economía verde, el aumento de los
ingresos y la creación de empleo se deben a la inversión pública y privada que
permite un mejor uso de los recursos, una disminución de las emisiones de
carbono, de los residuos y de la contaminación, y la prevención de la pérdida
de biodiversidad y del deterioro de los ecosistemas. Estas inversiones, a su
vez, son posibles gracias al aumento de la demanda de productos y servicios que
respetan el medio ambiente, a la innovación tecnológica y, muy a menudo, a las
medidas fiscales y sectoriales correctoras adoptadas para garantizar que los
precios reflejen correctamente los costes medioambientales”. En
este contexto, la necesidad de implementar soluciones innovadoras que permitan
mejorar la situación socioeconómica y garanticen la conservación del medio
natural obliga a impulsar iniciativas desde el conjunto de las administraciones
públicas y, por ende, también desde este Cabildo. Y entre esas medidas, el
establecimiento de banco de tierras en Fuerteventura se presenta como una
oportunidad para la generación de riqueza ligada a la conservación de nuestros
ecosistemas.