El PSOE propone medidas para agilizar y mejorar la justicia en Fuerteventura
15 de octubre de 2016 (11:05 h.)
Iñaki
Lavandera plantea la incorporación de magistrados y magistradas, así como la
división de las jurisdicciones civil y penal, dedicándose uno de los
resultantes de Instrucción a ejercer las competencias en materia de violencia
de género, entre otras propuestas
Canarias,
15 de octubre de 2016.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki
Lavandera, ha registrado una proposición no de ley por la que propone una serie
de medidas mediante las que agilizar y mejorar la justicia en Fuerteventura.
“La situación actual de los juzgados en el partido judicial de Puerto del
Rosario es crítica en cuanto a los niveles de pendencia de asuntos y atasco
judicial, con el consiguiente perjuicio económico y social en el desarrollo
insular”.
Mediante la
iniciativa, Lavandera pretende que se articulen acciones contra la “lentitud e
ineficacia de la justicia” y propone, en primer lugar, que se inste al Gobierno
de España a la modificación de la planta judicial en base a lo dispuesto en la
Ley de Demarcación y Planta Judicial, adoptando medidas tales como la división
de las jurisdicciones que se consideren necesarias en el partido judicial de
Puerto del Rosario o la transformación de los juzgados de manera que pasen a
ser servidos por magistrados y magistradas.
Por otra parte,
solicita al Gobierno de Canarias medidas encaminadas a la creación de una oficina
de asistencia a las víctimas del delito, la construcción de una nueva sede judicial
que agrupe a todos los juzgados a fin de evitar la actual dispersión de sedes y
la habilitación de los espacios necesarios para descongestionar, hasta la
puesta en marcha de la nueva sede judicial, la saturación del edificio
principal de los juzgados de Puerto del Rosario.
El diputado del PSOE
recuerda que Puerto del Rosario cuenta con seis juzgados de Primera Instancia e
Instrucción –todos ellos servidos por jueces- que comparten la jurisdicción
civil y penal en su vertiente de instrucción. Los juzgados número 5 y 6 son de
reciente creación; ambos entraron en funcionamiento entre 2009 y 2010, “si bien
ya se encuentran en idéntica situación de atasco que el resto”.
Además se cuenta con dos juzgados
servidos por magistrados adscritos al partido judicial de Arrecife -Juzgado de
lo Penal y Juzgado de lo Social- que presentan iguales niveles de pendencia. “En
la actualidad, el Juzgado de lo Social está efectuando señalamientos de juicios
para el año 2018”, precisa. En cuanto a movilidad, señaló que el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto del Rosario con funciones en
materia de violencia de género ha sido servido por siete jueces desde el 31 de
marzo de 2008 hasta la actualidad.
En ese mismo periodo, añade, el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 ha sido servido por nueve jueces,
sin incluir los refuerzos, llegando en determinados momentos a tener más de
3.000 escritos procesales pendientes de proveer, algunos de ellos con más de
cinco años de antigüedad. Asimismo, la carga es de más del 200 por cien en el
área civil respecto a los módulos establecidos por el Consejo General del Poder
Judicial como razonable carga de trabajo asumida por los jueces, “lo que genera
un retraso injustificable en los procedimientos tramitados y en las ejecuciones
civiles que se derivan”.
Respecto al área penal, continúa
Lavandera, los niveles de pendencia y carga son más acordes a los módulos
establecidos. “Por tanto, la conclusión es que la situación de la justicia en
Puerto del Rosario es deficiente y requiere de la adopción de medidas”,
explica, entre las que propone, “consciente de las dificultades económicas”, la
división de las jurisdicciones civil y penal, dedicándose uno de los
resultantes de Instrucción a ejercer las competencias en materia de violencia
de género.
También plantea una nueva sede judicial
que agrupe a todos los juzgados a fin de evitar la actual dispersión de sedes.
En cuanto a las medidas perentorias, afirma que la ley faculta al Gobierno para
que mediante real decreto se proceda a su adopción. “En un partido judicial
como el de Puerto del Rosario, con 107.000 habitantes, con un alto nivel de
recepción de turistas y una población flotante muy elevada, se justifica
plenamente la adopción de la medida”.