En Gran Canaria y Fuerteventura aprueban varias instalaciones eléctricas para poner en marcha proyectos energías renovables
09 de mayo de 2016 (15:11 h.)
Los proyectos
aprobados fueron declarados de interés general dada la importancia que tienen
para la puesta en marcha de nuevas instalaciones de energías renovables
El Consejo de
Gobierno de Canarias aprobó hoy tres decretos por los que acuerda ejecutar
diversas instalaciones eléctricas en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura,
cuyos proyectos fueron declarados previamente de interés general, por razones de
urgencia y excepcional interés, dada la importancia que tienen para la puesta
en marcha de nuevos proyectos de energías renovables en ambas islas.
La aprobación de
estos decretos, a propuesta de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento, permite continuar trabajando en una de las principales líneas
estratégicas que el Gobierno de Canarias
se marcó al comienzo de la legislatura como es la de avanzar en la implantación
de energías renovables en Canarias, posibilitando, entre otras cosas, la mejora
y adecuación de las instalaciones de suministro eléctrico existentes.
Con respecto a la
isla de Gran Canaria, el Gobierno ha aprobado dos decretos por los que acuerda
ejecutar una nueva subestación eléctrica a 66 Kv en el término municipal de
Agüímes y la ampliación de la subestación eléctrica
de Aldea Blanca a 66 kV, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana.
En cuanto
a la isla de Fuerteventura, el decreto aprobado ordena la ejecución de una
línea de entrada/salida a 132Kv, una línea de conexión provisional a 66Kv y una
nueva subestación eléctrica a 132Kv, todo ello en Jares, en el municipio de
Tuineje.
En todos los casos,
el Gobierno ordena, a través de estos decretos, iniciar el procedimiento de
modificación del planeamiento afectado en el plazo de seis meses a partir del
momento en que se notifique cada uno de los decretos.
La aprobación de
estos decretos, tiene lugar una vez concluido el plazo del trámite de
audiencia, en el que las corporaciones implicadas podían informar sobre si los
proyectos de las obras estaban conformes o no con sus respectivos planeamientos
territoriales.