Fuerteventura.- Economistas y asesores fiscales instan a los empresarios majoreros a establecer protocolos de prevención de delitos penales
23 de marzo de 2018 (15:47 h.)
Puerto
del Rosario, 23 de marzo de 2018.-La asociación de asesores fiscales
de Canarias y el colegio de economistas de Santa Cruz de Tenerife, en
colaboración con la Cámara de Comercio de Fuerteventura, promovieron
ayer tarde la charla “Compliance Penal para empresas”.
El abogado, especialista en compliance y con amplia experiencia en derecho penal, económico y administración de empresas, José Corsino García Busto, y el especialista en Auditoría de Cuentas e informes periciales, Juan Luis Alayón García,
fueron los encargados de exponer los beneficios de implantar programas
de cumplimiento o compliance penal en la empresa. Una medida,
destacaron, que toda empresa debería implementar después de que a partir
de la reforma del código penal, en 2015, se estableciera que cualquier
persona jurídica “y no solo las personas físicas pueden ser acusadas de
determinados delitos”.
Por
este motivo, las entidades promotoras de la iniciativa desarrollan
jornadas informativas con el fin de que las empresas establezcan un
sistema de prevención que analice los riesgos que pueda tener cada una
de las actividades que realiza y establecer un plan preventivo “que
lleve a que si se comete un delito, y hay ese plan, la empresa no
responda”, explicó Corsino.
A
su juicio, el empresario, en general, no está concienciado sobre la
idoneidad de abordar este tipo de programas ya que no considera que vaya
a acometer ningún delito. Algo que no es cierto, puntualiza el abogado,
“porque está en riesgo de cometer delito permanentemente” pero, además,
debe velar también “por cualquier persona que esté en la empresa que
sea directivo, trabajador…porque si comete un delito en el seno de la
actividad empresarial y la empresa no tiene un sistema de prevención, va
a responder del delito con multas cuantiosas y de responsabilidad
civil”.
Para
concluir, Corsino desveló que ya hay sentencias condenatorias elevadas
por este motivo “y si no hay muchas todavía es porque la ley es de
2015”.
Pie foto: Juan Luis Alayón y José Corsino (derecha)