Industria sigue sin actuar para eliminar perjuicio a la desalación de agua agrícola con el nuevo Decreto de autoconsumo
12 de febrero de 2016 (14:26 h.)
- Nereida Calero advierte del daño que se está haciendo al sector
12 de febrero de 2016
El Gobierno de España,
a través del Ministerio de Industria, no ha cumplido aún con su
compromiso de corregir el contenido del nuevo decreto que regula el
autoconsumo de energía eólica y que
afecta muy especialmente a las plantas desaladoras de agua que cuentan
con parques eólicos asociados.
La diputada del Grupo
Nacionalista Canario, Nereida Calero, advirtió este pasado miércoles
durante su intervención en la Comisión de parlamentaria de Industria el
Decreto 900/2015, aprobado el
pasado 10 de octubre por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
del Gobierno de España dificulta en la práctica que las plantas
desaladoras del archipiélago utilicen energía eólica para abastecerse,
“lo que tiene además una incidencia especial en la
agricultura de regadío, pero también en la desalación en general”,
advirtió.
Por su parte, Pedro
Ortega, consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, se
comprometió a exigir al Ministerio que en el Decreto de autoconsumo se
exceptúe totalmente todo lo relacionado
con el ciclo del agua: depuradoras, desaladoras, etc. Y que además se
haga con urgencia, ante el perjuicio que se ocasiona a distintos
sectores.
El Decreto
de autoconsumo incluye una disposición que obliga a que la potencia
eólica instalada sea menor que la potencia
de la planta desaladora. Una limitación que afecta a la posibilidad de
autoconsumo de la mayoría de plantas, sobre todo a las más pequeñas.
Con esta normativa, a
muchos agricultores y cooperativas que han instalado o proyectaban
instalar aerogeneradores para producir la energía necesaria para desalar
el agua y así abaratar el coste
del regadío de las plantaciones, se les prohíbe tener en los molinos
más potencia de la contratada con la compañía eléctrica que les provee.
“De esta forma, el
Gobierno obliga a volver a desalar agua con petróleo y a olvidarnos de
los proyectos de energías limpia que ya estaban comenzado a extenderse
por las islas”, advirtió la diputada
majorera.
Cabe recordar que
hasta el momento la normativa les ponía como límite único el de verter
en el sistema un máximo del 50% de la energía generada en sus molinos.
La única posibilidad que les deja
la nueva norma es dividir sus empresas y separar por un lado la
actividad agrícola y por otro la de generación de energía, de forma que
los agricultores tengan que convertirse ahora en productores eléctricos.
Pero además en unas condiciones económicas muy
complicadas.
La diputada recordó
que el año pasado, cuando la Asociación Canaria de Energías Renovables o
la Confederación de Organizaciones Agrarias, entre otras entidades,
denunciaron el perjuicio que les
generaba esta nueva norma estatal, el Ministerio de Industria y el
propio Delegado del Gobierno en Canarias se comprometieron a rectificar
rápidamente. Algo que hasta el momento no ha ocurrido, lo que hace que
la problemática y el daño al sector siga acrecentándose,
en un año que además hasta ahora viene caracterizándose por la sequía.