El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha señalado este viernes que la elevación a la categoría de magistrado y magistrada de los juzgados de Fuerteventura supone no solo un incremento en la retribución económica,
sino que también es importante para el arraigo de profesionales competentes y preparados en la isla, ya que, de este modo, ha afirmado, “las raíces que da la presencia en la Isla y su arraigo en ella pueden ser más profundas y estables para unos funcionarios públicos tan cualificados como son los jueces y juezas españoles y los funcionarios y funcionarias de los cuerpos judiciales”, que conviene “retener” en el territorio insular.
Este aumento de la categoría de las plazas de jueces y juezas que sirven los juzgados majoreros es una pieza más en la mejora de la justicia en la Isla, pero no la única, pues, según ha dicho, quedan otras mejoras que poner en marcha, especialmente y singularmente la construcción de un nuevo edificio, ya previsto y proyectado pero que no ha podido comenzar a construirse a consecuencia de complicaciones urbanísticas derivadas de un proceso judicial que ha alterado las previsiones del planeamiento territorial de Puerto del Rosario.
Julio Pérez ha presentado en Puerto del Rosario la elevación a la categoría de magistrados y magistradas para los jueces y juezas de Primera Instancia e Instrucción de la capital de la isla de Fuerteventura.
En el acto han estado presentes, junto con el secretario de Estado de Justicia del Gobierno estatal, Tontxu Rodríguez, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo,la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, la secretaria general técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Adela Altamairano, y la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández, además de miembros de la Corporación insular majorera y de la Sala de Gobierno del TSJC.
Durante su intervención, el consejero ha hecho hincapié en la necesidad de promover la permanencia o “retención” de los jueces, problema que han sufrido siempre las islas, especialmente las no capitalinas, porque los titulares de juzgados terminan yéndose a otros órganos judiciales de otros territorios, que les pueden ser más interesantes profesionalmente.
“Estos mecanismos son decisivos”, ha apuntado Julio Pérez, pues “no se trata solo de que ganen más, sino de que sea más atractivo quedarse en un juzgado en el que podrán especializarse”.
En este sentido, el presidente del TSJ, Juan Luis Lorenzo, ha propuesto justamente que varios juzgados que están ubicados hoy en Lanzarote se trasladen y radiquen en Fuerteventura, en cuyo territorio tienen competencias.
Con ello, ha añadido, podría alcanzarse más pronto el número de juzgados necesarios para que los juzgados de Puerto del Rosario dejen de ser órganos mixtos (civiles y criminales) y puedan separarse las jurisdicciones y avanzar en la especialización, que es un medio importante de mejora de la calidad de la justicia.
El consejero ha querido resaltar que la mejora de los servicios judiciales se corresponde con la evolución de la población y de la economía de la Isla, y con los planes para su impulso que están promoviendo todas las administraciones, a los que hay que corresponder poniendo a la misma altura los servicios y las administraciones públicas.
El secretario de Estado de Justicia, que ha subrayado el papel desempeñado por la senadora socialista Paloma Hernández en la consecución de este cambio de categoría, sobre todo teniendo en cuenta que no se producía desde 2009 en ningún partido judicial de España, ha indicado que “la realidad de Puerto del Rosario, con sus especiales características socioeconómicas, turísticas, industriales y comerciales, además de la insularidad justifican la medida”.
Tontxu Rodríguez ha manifestado que el Ministerio de Justicia está inmerso en un proceso de transformación del servicio público de Justicia, que tiene por objetivo “construir, desde la cogobernanza y el diálogo, la justicia eficaz, rápida, cercana y moderna que el siglo XXI merece”.
Para ello, ha dicho, están trabajando en el proyecto Justicia 2030, enfocado en tres reformas legislativas en los ámbitos organizativo, procesal y digital, que van a afectar directamente al poder judicial.
Un proyecto que también ha valorado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, quien ha subrayado que, “para ser eficientes, hemos de seguir avanzando, sobre todo en unos medios prioritarios, que son los medios informáticos, telemáticos y de conexión con las nuevas tecnologías. El problema no es el dinero, sino la actualización permanente de la organización y de las tecnologías”.
El presidente del TSJC se ha mostrado convencido de que la medida presentada este jueves, que entró en vigor a comienzos de octubre, es el primer paso para lograr una justicia de calidad en Fuerteventura y ha aprovechado la presencia del secretario de Estado para elevar algunas demandas de los jueces con este objetivo.
El anfitrión, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, se ha congratulado del cambio, ya que “dará estabilidad al personal de Justicia y se va a traducir en un funcionamiento más ágil, siendo un gran paso para la isla”.
A su juicio, la mejora está en seguir trabajando para tener mejores infraestructuras y equipamientos, “prestando así el servicio de calidad que necesitamos en Fuerteventura”.
Sobre este último aspecto, Julio Pérez ha dejado claro que la construcción del nuevo Edificio Judicial en Puerto del Rosario es “el proyecto más importante para mejorar el servicio público de Justicia en Puerto del Rosario y en Fuerteventura”.
Ha explicado que, pese a tener ya la ubicación y el proyecto listos, la existencia de algunos problemas entre algunos propietarios y el Ayuntamiento capitalino ha impedido el comienzo de las obras.
“No es un problema de voluntad política, ni de financiación”, ha advertido. En este sentido, el presidente el Cabildo insular, ha apuntado que están trabajando para contribuir a la resolución de las dificultades urbanísticas para que el nuevo Edificio Judicial sea una realidad cuanto antes, reiterando su ofrecimiento para cooperar y solucionar los problemas existentes.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, también se ha referido a otros aspectos, y se ha mostrado partidario de que “la isla tenga un servicio de Justicia como corresponde a una población creciente y económicamente activa, y que tiene además proyectos tan importantes como los estratopuertos u otras iniciativas que ponen de relieve la vitalidad de Fuerteventura en este momento”.
De igual forma, ha abordado las dificultades que en algunas ocasiones han surgido con las autopsias en Fuerteventura.
Según ha informado, “de los muchos centenares de autopsias que se practican en Canarias a lo largo del año, la inmensa mayoría se efectúan, de acuerdo con la autoridad judicial, en el plazo de 24 horas.
En el caso de las islas no capitalinas, este plazo se dilata en contadas ocasiones hasta 48 horas, por la falta de auxiliares de autopsia, profesionales especializados que no pueden ser reemplazados por otros”, ha aclarado el consejero, pues la legislación no lo permite.
En este sentido, ha manifestado que desde el Gobierno canario “hacemos todos los esfuerzos posibles para resolver esta situación, siempre desde el respeto a la naturaleza judicial de la autopsia, pues es el juez de instrucción el que decide cómo se hace y qué le pregunta al forense.
Nuestra labor es que haya forense y auxiliar de autopsia, sin intención de interferir en la práctica de la autopsia que es una diligencia de investigación. No es un trámite administrativo, como a veces se piensa, sino un acto de investigación judicial”, ha asegurado.