Lola García plantea que ordenación sobre parques infantiles fije criterios obligatorios para la adaptación de su equipamiento a personas con discapacidad
06 de abril de 2017 (14:19 h.)
Lola
García, diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, planteó ayer en sesión
plenaria la necesidad de que en la Proposición de Ley elaborada por el
PP relativa
a la regulación de los parques infantiles en Canarias, “se deje
recogido que éstos se construyan con los requisitos necesarios para que
los niños y niñas con algún tipo de discapacidad puedan disfrutar de
ellos”, en la misma línea de la iniciativa que el Grupo
Nacionalista Canario planteó en julio de 2016.
La diputada majorera recordó que las estadísticas de distintas organizaciones apuntan a que
únicamente
el 4% de los parques infantiles públicos de Canarias tiene
características de accesibilidad y adaptabilidad a las necesidades de
los niños y niñas con algún tipo de
discapacidad.
Por
ello, esta Ley debe asegurar que estas instalaciones cuenten también
con equipamiento “para convertir los parques en
un espacio que permita a los pequeños con discapacidad, disfrutar de su
tiempo de ocio en igualdad de condiciones, y que actué como elemento
integrador, fomentando la concienciación de los demás niños”, detalló.
Lola
García reconoció sus dudas sobre que la iniciativa se tuviera que
tramitar como Ley o Decreto, “porque actualmente sólo dos comunidades
autónomas
lo han regulado, y ambas a través de un Decreto”.
Y
terminó recordando que el informe del Defensor del Pueblo sobre esta
materia fija 11 recomendaciones sobre accesibilidad y seguridad, “y la
número
1 es aprobar, por parte de la Administración General del Estado, unas
condiciones mínimas de seguridad que deban cumplir todas las áreas de
juego infantil de nueva construcción”, y establecer un período de
adaptación para las ya existentes, en virtud del artículo
149.1.1.ª de la Constitución, que atribuye a la Administración General
del Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas
que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de
los derechos y el cumplimiento de los deberes
constitucionales.
“De
ahí la necesidad de recoger también que se inste al Estado a que asuma
estas indicaciones con una norma global”, concluyó la diputada majorera.