No se puede mirar hacia
otro lado con una problemática tan grande como la que sacude a la isla de
Fuerteventura y a las más de 700 familias que se están viendo directa e indirectamente
afectadas por el futuro del hotel Oliva Beach y el Tres Islas.
La exponencial tensión y
nerviosismo que asola a los damnificados por la incógnita que gira en torno a
si estos icónicos hoteles van a ser derruidos o no es más que comprensible. No
se sienten respetados, no sienten ningún tipo de apoyo institucional que les
permita ver algo de luz al final de un camino que resulta interminable.
Sienten
que no solo está en juego la permanencia de unos enclaves que, a Fuerteventura,
le reporta 45 millones de euros al año, sino que también está en el aire el
futuro laboral de más de 1.000 personas de forma directa e indirecta.
Salvar el Oliva Beach y
el Tres Islas es una cuestión de justicia y de respeto para con la ciudadanía
majorera. No podemos dejar en manos del Ejecutivo central una cuestión que,
como ha señalado en reiteradas ocasiones el diputado nacionalista en las
Cortes, Pedro Quevedo, es competencia exclusiva del archipiélago.
No se pueden
tomar decisiones tan importantes sin atender a razones.
Que desde el Gobierno
de España se prive a la comunidad autónoma de Canarias de su capacidad de
decisión, lejos de ser una ayuda, se traduce en un intento de torpedeo
flagrante sobre un proyecto de generación de riqueza propuesto en las costas
del Archipiélago que es esencial en unos momentos económicos y sociales de
extrema dureza para con el pueblo majorero y, por extensión, para con el pueblo
canario.
Las diversas
manifestaciones realizadas en los últimos meses, y sobre todo la última que ha
sido convocada esta semana, no es más que el reflejo de una sociedad que se
siente castigada y que lleva meses mezclando hartazgo y desazón sin que nadie
haga nada al respecto.
Debemos pensar en el
desarrollo económico, social y ambiental de Fuerteventura. Una isla que, por
cierto, ha sido de las más afectadas por el impacto de la pandemia, una isla
que lucha por sobrevivir día a día cuya principal fuente de beneficios e
ingresos es el turismo.
Dejando la idea de salvar el Oliva Beach y el Tres
Islas de lado, no solo se le está dando la espalda a una comunidad que necesita
más que nunca de nuestro apoyo, sino que también se está imposibilitando a
nuestra tierra la capacidad de crecimiento y eso es, cuanto menos inaceptable.
Al margen del debate sobre la ubicación de estos hoteles, esta cuestión ha sido
superada por la realidad de las 1000 familias que dependen de su continuidad. Si no nos ponemos del
lado de los que nos necesitan, habremos conseguido un doble fracaso que será
imperdonable. Por un lado, los representantes políticos habremos fallado a los
que más nos necesitan, a los que ya no saben cómo gritar que necesitan de
nuestra ayuda y, por otro, habremos fallado a la isla de Fuerteventura puesto
que se le habrá robado la posibilidad de mantener un espacio que le impulsa a
florecer en tiempos oscuros. Salvar el Oliva Beach y el Tres Islas es de
justicia. Lorena López Portavoz insular de Nueva Canarias
Fuerteventura