Coalición Canaria (CC) acusa al Ayuntamiento de La Oliva de “vetar información” a los sindicados y “no mover un dedo” para eludir una sanción del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Los nacionalistas advierten que “la decisión de la empresa municipal “Suministros de Agua de La Oliva S.A.” de vetar a la representante de los trabajadores el acceso a información pública puede costarle caro al Ayuntamiento si persiste en su empeño de obstruir el procedimiento abierto por la Inspección de Trabajo para depurar responsabilidades”.
El Ministerio de Trabajo e Inmigración ha iniciado un procedimiento sancionador contra la empresa municipal “Suministros de Agua de La Oliva S.A.”, cuya presidenta es la alcaldesa, Rosa Fernández, por “obstruir la labor” de la Inspección de Trabajo.
La empresa dependiente del Ayuntamiento se expone a una sanción de hasta 6.250 euros en el procedimiento abierto por el Ministerio de Trabajo por “obstruir” la investigación impulsada por la Inspección a raíz de la denuncia presentada por la delegada de Intersindical Canaria contra la entidad municipal “por no respetar los derechos de información, audiencia y consulta de los representantes de los trabajadores y de los delegados sindicales”.
Una sanción que, a tenor de los hechos, no preocupa en exceso a la corporación ya que el pasado día 20 de octubre no compareció ante la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social de Puerto del Rosario, pese al requerimiento hecho a la empresa municipal por las autoridades laborales y, además, insiste en no facilitar la información solicitada por la delegada sindical.
Los nacionalistas advierten que “la decisión de la empresa municipal “Suministros de Agua de La Oliva S.A.” de vetar a la representante de los trabajadores el acceso a información pública puede costarle caro al Ayuntamiento si persiste en su empeño de obstruir el procedimiento abierto por la Inspección de Trabajo para depurar responsabilidades”.
El Ministerio de Trabajo e Inmigración ha iniciado un procedimiento sancionador contra la empresa municipal “Suministros de Agua de La Oliva S.A.”, cuya presidenta es la alcaldesa, Rosa Fernández, por “obstruir la labor” de la Inspección de Trabajo.
La empresa dependiente del Ayuntamiento se expone a una sanción de hasta 6.250 euros en el procedimiento abierto por el Ministerio de Trabajo por “obstruir” la investigación impulsada por la Inspección a raíz de la denuncia presentada por la delegada de Intersindical Canaria contra la entidad municipal “por no respetar los derechos de información, audiencia y consulta de los representantes de los trabajadores y de los delegados sindicales”.
Una sanción que, a tenor de los hechos, no preocupa en exceso a la corporación ya que el pasado día 20 de octubre no compareció ante la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social de Puerto del Rosario, pese al requerimiento hecho a la empresa municipal por las autoridades laborales y, además, insiste en no facilitar la información solicitada por la delegada sindical.
