El Ayuntamiento de Pájara plantea establecer en siete metros la servidumbre del dominio marítimo-terrestre

El Ayuntamiento de Pájara aprobó, por unanimidad de los miembros presentes, en su última sesión plenaria, una moción tendente a promover la revisión de la Ley de Costas 22/1988, de 28 de julio, para que la anchura de la zona de servidumbre de protección del dominio marítimo-terrestre se establezca en siete metros y no en 100 o 20 metros, según los casos, como fija la Orden del Deslinde. 



La moción busca la adopción de las medidas necesarias para que, examinados los expedientes administrativos relativos a los municipios de Canarias, se declaren como ‘áreas urbanas’, aquellas que existían en el litoral antes de la entrada en vigor de la citada Ley de Costas 22/1988, de 28 de julio, pues incluso algunas son centenarias. 

El acuerdo suscrito por todas las fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento de Pájara contempla instar al Gobierno de Canarias para que solicite al ejecutivo nacional la adopción de las medidas necesarias para que se declaren ‘áreas urbanas’ los núcleos de población existentes antes de 1988, cuando entró en vigor la citada ley. Asimismo, promueve establecer la anchura de la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre en siete metros, como se ha dicho. 

En el acuerdo plenario también se establece que se dará cuenta de esta resolución al conjunto de municipios del archipiélago canario, a través de la FECAM (Federación Canaria de Municipios) afectados por la aplicación rigurosa de la citada Ley, al objeto de que se adhieran al mismo dadas las razones de interés público que la motivan.   

Con esta medida se busca evitar la progresiva destrucción y privatización del litoral, en aras de obtener un aprovechamiento racional de sus recursos y la garantía de su uso abierto a todos, con excepciones plenamente justificadas por el interés colectivo y estrictamente limitadas en el tiempo y en el espacio. 

La Ley, de aplicación en todo el estado español, según su artículo primero, tiene por objeto la protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar.