En Fuerteventura el presidente del PPM, Domingo González Arroyo, se persona como acusación particular en el procedimiento en el que se investiga, entre otros, a Mario Cabrera, Marcial Morales y Manuel Miranda para diririmir las presuntas irregularidades detectadas en el CAAF.
A su juicio, durante 25
años el consorcio ha estado perdiendo agua y ha estado “engañando y
falseando” la documentación entregada al gobierno para conseguir
subvenciones. Arroyo asegura que se trata
de “un día importante para empezar el saneamiento de la corruptela
generalizada” en la isla.
En esta línea, y tras aseverar que “Dios me ha
traído a este mundo para defender los intereses generales”, adelantó
que también llevará a los tribunales “la mordida de Tindaya” y la
instalación de torres de alta tensión en toda la geografía insular
“cuando está prohibido por el PIOF”.
El también candidato al Senado por
la plataforma Gana Fuerteventura, hasta que el Tribunal Supremo en
última instanacia vetó su candidatura tras denuncia del Cabildo insular,
no da la batalla por perdida y ha solicitado un aclaratorio de
sentencia.
