La diputada de NC por Fuerteventura defiende una
modificación de la ley para que los contratos públicos sean más transparentes y
políticas eficaces en materia de inmigración
La diputada
por Nueva Canarias (NC) Sandra Domínguez urgió hoy al consejero de Gobernación,
Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio
Pérez, a reconducir las importantes deficiencias de la sede judicial de Puerto
del Rosario, en Fuerteventura. La portavoz en la materia del grupo nacionalista
progresista defendió una modificación de la ley para que los contratos públicos
sean más transparentes al mismo tiempo que abogó por políticas eficaces en
materia de inmigración, que conlleven protocolos interadministrativos entre los
departamentos de Justicia y Seguridad.
Estas
propuestas fueron defendidas por Sandra Domínguez en la comparecencia de Julio
Pérez, en comisión parlamentaria, para explicar las líneas y objetivos del
Gobierno de Canarias en esta materia
La
parlamentaria del grupo nacionalista progresista confió en la sensiblidad de
Pérez para “limar las asperezas” del ámbito judicial con el fin de que llegue a
la ciudadanía. La portavoz por NC invitó al responsable gubernamental a
comprobar “in situ” la sede judicial de Puerto del Rosario con el fin de
“reconducir” las múltiples carencias existentes para contar, en un futuro “no
muy lejano”, tal y como puntualizó, con edificios adaptados a un nuevo modelo
organizativo.
Con respecto
a los objetivos del plan sobre la estrategia de modernización de la
administración judicial en las islas de 2017 a 2019, Domínguez dudó de que, en
la X Legislatura, se pueda concluir el palacio de justicia de Puerto del
Rosario, como expuso Pérez, ya que “aún no se ha iniciado” el edificio.
Después de
referir las complejidades y dificultades de un proceso que comenzó hace 10
años, Domínguez preguntó si es posible plantear una nueva ubicación del citado
palacio que haga “más inmediata” la ejecución dadas las complicaciones
urbanísticas actuales.
La diputada
por NC adujo la dispersión de las dependencias judiciales en Fuerteventura en
varios inmuebles, como muestra de las dificultades para que jueces y fiscales
desarrollen su labor, la existencia de instalaciones inadecuadas al estar
ubicadas en un proyecto de un centro comercial y la “paradoja” de que los
detenidos accedan a alguna sede judicial a través de la puerta de un
supermercado.
Tras incidir
en el “hacinamiento” de la plantilla en espacios “reducidos” y la falta de
medios como denunció el Sindicato de Trabajaores de la Administración de
Justicia, Sandra Domínguez se interesó por la creación de una oficina de
proyecto que apoye los servicios de modernización, las relaciones laborales, la
organización y la contratación, previsto para la isla en el plan de
infraestructuras canario. También se interesó por el plazo medio para el abono
de los turnos de los servicios de asistencia jurídica gratuita.
En materia
de transparencia, planteó a Julio Pérez una modificación del marco normativo
para dar “más transparencia” a la contratación pública y para extender la
obligatoriedad de la publicación de más documentos que puedan considerarse como
relevantes.
Con respecto
a la seguridad, Domínguez apeló a la necesidad de practicar políticas
“eficaces” en inmigración y al establecimiento de protocolos
interadministrativos desde las áreas de Justicia y Seguridad.
