Los expertos que están participando en el III Congreso de Derecho Urbanístico que se viene celebrando en el Auditorio de Corralejo (La Oliva) aconsejaron uniformar la figura jurídica de “fuera de ordenación” en los planes generales de los ayuntamientos.
Actualmente, este supuesto se puede presentar en los planeamientos bajo múltiples propuestas: obras públicas, consolidación de cascos históricos, rehabilitaciones turísticas, mantenimiento del paisaje, por tanto, la propuesta trata de “uniformar el fuera de ordenación”.
Este régimen jurídico fue analizado por Eduardo A. Risueño Díaz, gerente de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife y el abogado urbanista Pedro González Arcila, una ponencia en la que actuó como moderadora María del Pino Rodríguez González, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de LPGC.
Precisamente, la figura del ‘fuera de ordenación’ provocó miles de alegaciones por parte de los ciudadanos y una gran polémica social mientras se elaboraba del Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife debido a que la situación legal de simple consolidación de bienes chocaba frontalmente con los parámetros básicos de edificación: altura y edificabilidad.
Para Risueño, el planificador no puede apartarse de la ley, aunque es imprescindible distinguir entre los supuestos de ‘fuera de ordenación’ por obras públicas, o por innovaciones en una ciudad ya hecha, de manera que “la solución aportada por el planificador tiene que ser aceptada socialmente”.
La ciudad de Santa Cruz de Tenerife vivió en su momento una encendida polémica, ya que con el nuevo planeamiento más de la mitad de las edificaciones quedaban fuera de ordenación, lo que en principio pudiera suponer un descenso en el valor de estas propiedades.
Sin embargo, Risueño señaló que “inmuebles en fuera de ordenación según el planeamiento de 1992 han servido para garantía inmobiliaria, e incluso han podido subir de precio”.
Por su parte, el abogado urbanista Pedro González Arcila, inició su discurso señalando que “los efectos sobre las propiedades del ‘fuera de ordenación’ son difíciles de entender para la opinión pública, ya que está en juego que la vivienda, -uno de los bienes familiares adquiridos con mayor esfuerzo-, no tenga un valor garantizado para siempre”.
En este sentido, González Arcila abogó por “uniformar el fuera de ordenación”, ya que actualmente existen muchos tipos en los planes generales, e intentar que no se aplique esta figura jurídica de forma indiscriminada. También aportó la posibilidad de crear una nueva figura que se denominaría ‘inadecuación del planeamiento’, como fundamento a su propuesta formal de unificar la figura de ‘fuera de ordenación’ en los planeamientos.
Actualmente, este supuesto se puede presentar en los planeamientos bajo múltiples propuestas: obras públicas, consolidación de cascos históricos, rehabilitaciones turísticas, mantenimiento del paisaje, por tanto, la propuesta trata de “uniformar el fuera de ordenación”.
Este régimen jurídico fue analizado por Eduardo A. Risueño Díaz, gerente de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife y el abogado urbanista Pedro González Arcila, una ponencia en la que actuó como moderadora María del Pino Rodríguez González, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de LPGC.
Precisamente, la figura del ‘fuera de ordenación’ provocó miles de alegaciones por parte de los ciudadanos y una gran polémica social mientras se elaboraba del Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife debido a que la situación legal de simple consolidación de bienes chocaba frontalmente con los parámetros básicos de edificación: altura y edificabilidad.
Para Risueño, el planificador no puede apartarse de la ley, aunque es imprescindible distinguir entre los supuestos de ‘fuera de ordenación’ por obras públicas, o por innovaciones en una ciudad ya hecha, de manera que “la solución aportada por el planificador tiene que ser aceptada socialmente”.
La ciudad de Santa Cruz de Tenerife vivió en su momento una encendida polémica, ya que con el nuevo planeamiento más de la mitad de las edificaciones quedaban fuera de ordenación, lo que en principio pudiera suponer un descenso en el valor de estas propiedades.
Sin embargo, Risueño señaló que “inmuebles en fuera de ordenación según el planeamiento de 1992 han servido para garantía inmobiliaria, e incluso han podido subir de precio”.
Por su parte, el abogado urbanista Pedro González Arcila, inició su discurso señalando que “los efectos sobre las propiedades del ‘fuera de ordenación’ son difíciles de entender para la opinión pública, ya que está en juego que la vivienda, -uno de los bienes familiares adquiridos con mayor esfuerzo-, no tenga un valor garantizado para siempre”.
En este sentido, González Arcila abogó por “uniformar el fuera de ordenación”, ya que actualmente existen muchos tipos en los planes generales, e intentar que no se aplique esta figura jurídica de forma indiscriminada. También aportó la posibilidad de crear una nueva figura que se denominaría ‘inadecuación del planeamiento’, como fundamento a su propuesta formal de unificar la figura de ‘fuera de ordenación’ en los planeamientos.
