Según datos oficiales, Canarias tiene el triste mérito de ocupar el último lugar en calidad y atención de la sanidad pública de todas las comunidades autónomas del Estado Español. Y dentro de Canarias, Fuerteventura ocupa el último lugar en servicios y calidad de sanidad pública. El crecimiento desorbitado de su población, tanto residente como flotante, y la escasa inversión de recursos públicos desde años, han convertido la sanidad pública en Fuerteventura en la peor del archipiélago.
Conviene destacar que los servicios públicos de salud constituyen uno de los instrumentos básicos de solidaridad y redistribución social de la riqueza, mediante la atención integral de la salud. Por eso, su escaso y deficiente desarrollo, constituye uno de los actos de insolidaridad y desigualdad más flagrante contra la población.
En Fuerteventura, los poderes públicos, y en particular quienes los han gobernado desde los inicios de los tiempos, apostaron por potenciar la sanidad privada en detrimento de la pública. Uno de los casos más descarados de esa política, es el caso de la resonancia magnética (RM). Hace unos 20 años, Fuerteventura tenía asignada un aparato de RM que nunca llegó a la isla, nadie sabe, ni pide responsabilidad sobre su desaparición. Por aquellas fechas, siendo consejera de sanidad la Srª Roldós, se instaló una clínica privada con una RM, que casualidad de un empresario del mismo partido que la consejera, clínica que durante estos 20 años se ha estado beneficiando de gran parte de las RM de la isla que se han derivado. Con dinero público hemos financiado y multiplicado con creces la inversión de esa empresa privada. Después de los 20 años, se ha instalado un aparato de RM en el hospital, y aún, 9 meses después, no sabemos cuando entrará en funcionamiento, según la consejería, porque no hay especialista que informe las RMs.
En los últimos años, los gobiernos han recortado el gasto público, abaratando el despido y precarizado las condiciones laborales, utilizando como pretexto la crisis financiera generada por los modelos económicos conservadores y neoliberales.
Las consecuencias de los recortes han sido: aumento de los niveles de pobreza, de las desigualdades sociales y empeoramiento de la salud de las poblaciones.
En el Estado español, la aprobación del R.D. 16/2012 por el gobierno provocó una reforma que ha supuesto el cambio de aseguramiento, con la exclusión de grupos de población, la fragmentación de la cartera de servicios y la introducción de copagos, que están afectando a la población más desfavorecida, crónicos y pensionistas.
Se han perdido la universalidad, la accesibilidad y la equidad, principios básicos del sistema sanitario público. Esta situación se verá agravada en un futuro próximo, no solo por la insistencia en las mismas recetas que se han aplicado y se siguen aplicando, sino además por tratados internacionales como el recién aprobado CETA que si no luchamos y conseguimos revocarlo, repercutirá negativamente al disminuir los controles sobre la seguridad alimentaria y protección ambiental, dejando sin freno el crecimiento de la industria de los medicamentos y provocando la privatización irreversible de los servicios sanitarios con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.
En cuanto a Canarias, sus gobiernos aplicando las mismas políticas neoliberales y conservadoras caracterizadas por los recortes presupuestarios en el Servicio Canario de Salud que sufre deficiencias históricas en infraestructuras y personal por unas transferencias muy deficientes, además de una penosa gestión, así como una politización clientelar de la sanidad, que han llevado a la pérdida de
miles de puestos de trabajo, la precarización de las condiciones laborales, el cierre de camas, la paralización de nuevas obras, el incremento de las listas de espera, el colapso de las urgencias, la reducción muy acentuada del presupuesto de Atención Primaria, el deterioro de nuestros hospitales públicos, que se encuentran a la cola de los del Estado Español, el abandono de las políticas preventivas y de salud pública, con el consiguiente incremento del gasto en farmacia y tecnología
sanitaria, la insatisfacción de los usuarios, etc.
Al mismo tiempo, el gasto en conciertos sanitarios con la sanidad lucrativa privada no se ha reducido (Canarias es la tercera comunidad del Estado que le dedica mayor parte del presupuesto público) y el gasto de los hogares ha crecido para paliar las deficiencias del sistema público. Esta política de desmantelamiento de los servicios públicos y de privatizaciones de la provisión de servicios mediante conciertos y externalizaciones está repercutiendo en la salud de la ciudadanía canaria ya seriamente afectada al sufrir niveles de paro y de pobreza escandalosos y con unos salarios y pensiones por debajo de la media del Estado español.
En Fuerteventura, contamos con un hospital obsoleto para la actual población fija y flotante de la isla. Un hospital que en 20 años de reformas, al final solo va a aumentar de 120 a 194 camas, y seguimos con escasos centros de atención primaria con dotación adecuada. La ratio adecuada en atención primaria debería ser de un facultativo por cada 1300 habitantes, la ratio en Canarias es de 1 por 2300, y en Fuerteventura 1 por 2500. Y el tiempo de espera para la atención primaria no debería superar los 3 días, hoy se producen esperas hasta de 15 días.
Seguimos sin especialistas, o escasez de ellos en: reumatología, neumología, cardiología, traumatología, oncología, oftalmología, y sobre todo en atención primaria, especialidad básica para una sanidad de calidad.
Hay también escasez de personal de enfermería, personal auxiliar y administrativo. Y la mayoría de esos profesiones están cubiertas con contratos en precario. En la sanidad más que en ninguna profesión, la precariedad empeora la calidad sanitaria, por eso exigimos contratos indefinidos para las actividades de duraciones permanentes. La precariedad es en gran medida responsable de la deshumanización del trato médico/paciente en la sanidad, deshumanización que no deja de acrecentarse en muchos casos.
La falta de profesionales en todas las áreas de la sanidad han provocado larguísimas las listas de espera, que se intentan paliar derivando a la sanidad privada, o sea, potenciando la sanidad privada. Para disminuir las listas de espera, han creado una denominada Dirección Médica de Atención Especializada que filtra y elimina a su consideración las derivaciones de pacientes de atención
primaria a especialistas, sin consulta con los facultativos de atención primaria.
También se han privatizado servicio encubiertos con el apelativo de externalización, entre ellos el servicio de ambulancias. Exigimos recuperar todos los servicios externalizados dentro de la gestión global hospitalaria, que seguro resultarán más económicos que su privatización, mal llamada externalización.
Fuerteventura tiene el dudoso honor de ser la isla canaria con más bajo nivel de inversión por tarjeta sanitaria, consecuencia por la que estamos los últimos en el ranking sanitario de Canarias, y de tener mayor número de muertes evitables por enfermedades.
Por todo ello, la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública en Fuerteventura, junto a las demás islas, proponemos:
1) Garantizar un Sistema Canario de Salud público, universal, equitativo, gratuito, de calidad, con una financiación adecuada y finalista, y con gestión, provisión y producción públicas.
2) Derogación del RD 16/2012 y de todas las leyes y normas que facilitan la privatización de la sanidad, particularmente de la Ley 15/97.
3) Rechazo a los copagos.
4) Revisión inmediata, bajo control público, de los conciertos con el sector privado y reducción paulatina del dinero dedicado a los mismos en beneficio del sistema público.
5) Plan urgente de infraestructuras. Construcción y dotación inmediata de los Hospitales Comarcales. Mejora y dotación de los hospitales públicos y centros de salud, con especial énfasis en los servicios de urgencias hospitalarios, comarcales y normales de urgencias.
6) Recuperación de los puestos de trabajo perdidos y asegurar la suficiencia de profesionales, con una política de recursos humanos incentivadora y aplicación de las incompatibilidades. Acabar con las guardias de 24 horas y con la precariedad laboral. Atender las reivindicaciones del personal no sanitario.
7) Profesionalización de la gestión sanitaria desvinculándola de la asignación politizada.
8) Planes estratégicos prioritarios para listas de espera, urgencias, salud mental, drogodependencias, rehabilitación y dependencia.
9) Dar protagonismo a la Salud Pública y a la Atención Primaria, con los recursos adecuados, para reorientar el sistema, actualmente centrado en la enfermedad y su mediatización mercantilista oordinación entre la Atención Primaria, Especializada y Sociosanitaria.
10) Dotación de centros socio-sanitarios y hospitales de crónicos, que deben estar correctamente coordinados con los servicios sanitarios, con los servicios sociales y con los dispositivos asistenciales municipales, para garantizar la continuidad de cuidados de pacientes crónicos, dependientes. y personas con diversidad funcional.
11) Desarrollar el modelo futuro de atención a pacientes crónicos favoreciendo su atención en domicilio. Potenciar también la atención domiciliaria para niños y niñas con cáncer así como en determinadas urgencias médicas y psiquiátricas.
12) Desarrollar, en todos los niveles, instrumentos efectivos de participación social y profesional.
13) Garantizar la transparencia del sistema sanitario público y la confidencialidad de la información en salud de la ciudadanía, que debe estar depositada en bases de datos públicas, excluyendo el acceso, gestión o cesión a entidades privadas.
14) Canarias necesita una Ley de Salud y Sanidad Públicas, que sustituya a la obsoleta Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, y un Plan de Salud que se centre en evaluar las desigualdades de salud y el impacto de todas las políticas en la salud. Un Plan de Salud con suficiente financiación, que sea además un instrumento de participación de los profesionales y ciudadanía en la planificación y gestión.
Estas reivindicaciones están recogidas en una ILP, que lleva 3 legislaturas en nuestro Parlamento, y que está avalada por la firma de 25000 personas de Canarias.
Evidentemente la voluntad política ha sido nula hasta ahora, por eso es absolutamente necesario que la ciudadanía canaria en general se movilice, salga al paso de la situación organizándose y manifestando de modo inequívoco su firme voluntad de no permitir más dilaciones en la aplicación de las soluciones apuntadas para que de una vez por todas se cambie el actual modelo en favor de
una promoción de la salud y una atención a la enfermedad acordes con las auténticas necesidades de nuestra población.
! LA SALUD NO SE VENDE, SE DEFIENDE!
EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD Y UNIVERSAL EN FUERTEVENTURA, TODAS A UNA.
Fuerteventura, 19 de mayo de 2018.
