Acostumbrados
como estamos a escuchar en los medios los problemas financieros de los grandes
bancos y las corporaciones multinacionales, la celebración de la Feria de
Artesanía de Fuerteventura que este fin de semana se desarrolló en Antigua es
el marco adecuado para exponer también la realidad de un sector que sólo en
Fuerteventura cuenta con 230 personas inscritas como especialistas, y cuya pericia técnica no sólo está siendo
acosada por la producción industrial
sino por un entramado legal y fiscal inabordable para un pequeño creador.
El
pasado 27 de abril todos los grupos del Parlamento de Canarias votaron a favor
de una propuesta presentada junto a las compañeras majoreras del Grupo
Nacionalista Canario, Lola García y Nereida Calero, destinada a reformar la
normativa fiscal y reguladora del sector artesano, que permita la reducción del
IGIC y las cuotas de la Seguridad Social.
La
iniciativa era en realidad fruto de las reuniones mantenidas con los artesanos
de Fuerteventura, quienes además de la obtención del carné acreditativo de la
competencia profesional en las respectivas especialidades artesanas, deben
realizar la declaración censal de Alta de la Actividad Económica; las
correspondientes obligaciones fiscales; el pago de un tipo de IGIC que oscila
entre el 3% y el 15%, y que debe ser liquidado trimestralmente; y estar dado de
alta en la Seguridad Social dentro del Régimen Especial del Trabajador Autónomo
con cotizaciones que suelen oscilar entre los 825 y los 3.500 euros.
Con
todos estos requisitos por cumplir, advertimos en la cámara regional que ser artesano
legalmente establecido y cumpliendo eficazmente con todos los requisitos
legales y especialmente los fiscales, es ahora mismo prácticamente imposible.
Más aún si hablamos de pequeños artesanos que aspiran a sustentar su economía
familiar en esta actividad.
Con
esta normativa es casi más importante tener una pericia extraordinaria a la
hora de llevar al día las cuentas y el papeleo, que disfrutar de la habilidad
técnica y hasta manual que requiere cada especialidad artesana.
A
ello hay que sumar problemáticas diversas relacionadas, por ejemplo, con los
artesanos de más edad, que al estar jubilados encuentran complicaciones para
poder asistir a ferias de artesanía y comercializar sus elaboraciones. Llegando
a darse el caso de inspecciones de Hacienda durante el desarrollo de algunas
ferias y mercadillos que han conllevado el levantamiento de actas de
infracciones y sanciones para los artesanos.
Algo
que no tiene mucha razón de ser, porque precisamente los artesanos de más edad,
aunque jubilados, son los que conservan mejor la raíz de la cultura tradicional
o las técnicas ancestrales.
Por
ello, las características de la actividad artesana requieren de un tratamiento
diferenciado y flexible por parte de las administraciones públicas. De forma
que se apoye su mantenimiento como actividad asociada a nuestra cultura
tradicional, pero también a las propuestas creativas de las modalidades
artesanas más recientes.
A
nivel estatal este tipo de planteamientos, sobre todo los referidos al régimen
fiscal de la artesanía, han sido recogidos en una campaña que plantea la
creación de un Régimen especial mercantil y tributario para el artesano. Además de una actuación de la normativa
estatal a partir de una nueva Ley de Ordenación, Regulación y Fomento de la
artesanía
Las
distintas comunidades autónomas han aprobado y desarrollado además sus
respectivas normas, y lo mismo ha hecho la Comunidad Canaria, que en esta
materia trabaja en torno al Plan de Desarrollo del sector artesano. Este
documento, muy completo, careció sin embargo de eficacia material, porque los
recortes presupuestarios lo dejaron sin dotación económica suficiente y casi
hasta sin personal para supervisar su desarrollo.
Ahora
es el momento de actualizarlo y equiparlo con recursos y gestores suficientes.
Por
eso, el acuerdo adoptado el 27 de abril en el Parlamento de Canarias
enriquecido con aportaciones de otros grupos políticos, subraya la importancia
de coordinar con los colectivos artesanos de Canarias un análisis detallado de
la situación del sector para concretar medidas de mejora, en la siguiente
línea: la eliminación o aplicación de tipos de IGIC reducidos; las gestiones para la reducción de la cuota fija de la Seguridad Social;
la simplificación de trámites aduaneros;
y las autorizaciones para que los artesanos jubilados puedan participar
en las ferias del sector.
También,
elaborar en coordinación con los colectivos artesanos y con los Cabildos Insulares
un nuevo Plan de Desarrollo de la Artesanía en Canarias que incluya un análisis
detallado de la situación del sector que contemple las estrategias y medidas
necesarias para conseguir una desarrollo diversificado, articulado y sostenible
del sector artesanal en Canarias y concrete propuestas de medidas tendentes a:
los tipos de IGIC; apoyo a la formalización y el pago de las cuotas del régimen
correspondiente de la Seguridad Social; la promoción del comercio electrónico y
la simplificación de los trámites
aduaneros y la participación de los jubilados en las ferias del sector”.
Así
como iniciar un proceso que dé cobertura a la formación en artesanía
tradicional, con el objetivo de preservarla y difundirla como un valor
identitario primordial de la cultura canaria. Reformar la Comisión Canaria de
Artesanía, ampliando y facilitando la participación de los distintos agentes y
organismos públicos relacionados con la actividad.
Para
finalizar instando al Gobierno de España para que inicie un proceso de modificación
de las cuotas de la seguridad social, estableciendo un sistema de cuotas
porcentuales y progresivas, considerando el alta gratuita para aquellos casos
que no superen el salario mínimo interprofesional, teniendo este proceso un
enfoque específico para la actividad artesana de acuerdo con el artículo 130.1
de la Constitución.
El
Gobierno de Canarias ya nos ha confirmado que ha comenzado a aplicar estas
medias por lo que quizás sea más urgente: la eliminación o reducción de los
tipos del IGIC. Con respecto a los siguientes pasos que indica el Parlamento de
Canarias nos encargaremos de seguir supervisando su cumplimiento.
Mario
Cabrera González
Parlamentario
del Grupo Nacionalista Canario
