El Partido Popular de Fuerteventura ha iniciado una campaña para informar sobre el proposición de ley que el Grupo Popuar llevará al Congreso de los Diputados en contra la ocupación ilegal y en defensa de la propiedad privada.
"Muchas zonas de la isla se está viendo afectadas por estas mafias que se dedican a ocupar viviendas de forma ilegal generando problemas de convivencia en muchos barrios donde, hasta ese momento, sus vecinos vivían con tranquilidad", asegura Fernando Enseñat, presidente del PP majorero.
Así, la campaña en Fuerteventura ha arrancado
con la presentación de la Ley Antiokupación a los vecinos del barrio de Rosa
Vila que, desde hace unos años, sufren problemas continuos de okupaciones que
les han obligado a reforzar la seguridad de sus viviendas y también invertir en
métodos de seguridad en las casas vacías. "El testimonio de estos vecinos
es terrorífico. De su bolsillo han tenido que pagar alarmas, vallas de
seguridad y puertas antirrobo en viviendas
que no eran de su propiedad para poder evitar que se metan estas mafias en las
casas vacías", asegura Enseñat.
Los vecinos denuncian además problemas de
convivencia con la okupación de una urbanización a medio hacer cerca de sus
casas sin que tengan respuestas por parte de ninguna administración. "El
abandono de la administración a las familias víctimas de la okupación es
absoluto. Por eso, perseguimos proteger a los propietarios, dotar de
herramientas a las comunidades de vecinos y, ayudar a aquellas familias que se
ven obligadas a ocupar casas y que están en situación de necesidad",
afirma Enseñat.
En este sentido, el PP vuelve a reclamar una
política activa de vivienda social desde el Gobierno de España, Canarias,
Cabildos y Ayuntamientos. "Los ayuntamientos tienen que poner suelo a
disposición del Gobierno de Canarias para que se pueda invertir en la isla en
la construcción de viviendas", recuerda Enseñat que lamenta que el
Consorcio de la Vivienda prometido por el Cabildo majorero siga siendo una simple
promesa "un año después de que lo haya propuesto el PP y anunciado el
presidente socialista Blas Acosta".
La propuesta del PP pasa por lograr que se
pueda echar a un okupa en no más de 12 horas, que la ocupación con violencia se
castigue con penas de cárcel de uno a tres años; y la incitación a la
'okupación', con penas de cárcel de tres meses a un año. De igual manera, se
insta a prohibir que no se permita que los okupas puedan empadronarse en
viviendas ocupadas ilegalmente. Además, se permitirá que las comunidades de
vecinos puedan actuar en caso de detectar ocupaciones ilegales en sus
edificios. "Dotaremos a los vecinos y a la Policía de herramientas para
luchar contra estas mafias", asegura.
Para ello, además de las reuniones con
colectivos, la secretaria de vivienda del Partido Popular de Fuerteventura,
Concha López, ha anunciado una recogida de firmas, tanto a través de internet
como desde las sedes del partido y en las principales zonas comerciales, "para
que los majoreros puedan firmar contra la ocupación ilegal y apoyar el plan
antiokupación del PP”.
Y es que los datos en Fuerteventura son
preocupantes: en los seis primeros meses del año se presentaron el mismo número
de denuncias que en todo el año anterior (36). "Mucha gente no denuncia
sino que inicia directamente el procedimiento legal para recuperar su vivienda.
Algo que se eterniza en el tiempo y puede durar años mientras estas familias
siguen pagando sus hipotecas sin poder entrar a sus viviendas", recuerda.
El PP espera poder reunirse durante todo el mes
de octubre con asociaciones de vecinos y comunidades de propietarios afectados
por la ocupación en localidades como Corralejo, Morro Jable, Puerto del Rosario
o Nuevo Horizonte.