La parlamentaria por Fuerteventura de Nueva Canarias (NC) Sandra Domínguez llevará al pleno de la próxima semana una proposición no de ley con la que se pretende que los bancos y los fondos buitre paguen las deudas con las comunidades de propietarios y los impuestos municipales derivados de los inmuebles obtenidos por ejecuciones hipotecarias.
Domínguez pedirá el apoyo del arco parlamentaria para solicitar que que se hagan las modificaciones legislativas estatales que procedan con el fin de que el documento judicial con el que se tramita la ejecución hipotecaria sea remitido al Registro de la Propiedad y a los catastros inmobiliarios de los ayuntamientos por el letrado de la administración judicial.
Sandra Domínguez declaró que una de las principales consecuencias de la pandemia para la banca será el crecimiento de la morosidad ya que el Banco de España no descarta que los impagos alcancen un nuevo máximo histórico.
La diputada por NC indicó que la banca prevé un aumento de su cartera de inmuebles adjudicados por la escalada de los impagos derivados de la crisis del coronavirus.
En este escenario, en opinión de Domínguez, el sector volverá a canjear la deuda de las empresas y familias que no puedan hacer frente al pago de las hipotecas, como ocurrió en la crisis de 2008, a través de los activos inmobiliarios, es decir, que se llevarán a cabo nuevas ejecuciones hipotecarias, advirtió.
Recordó, en base a hechos pasados, que los bancos y las cajas de ahorro una vez adjudicados los bienes, con el fin de evitar pagar las deudas con la comunidad de propietarios e impuestos municipales, no inscriben en el Registro de la Propiedad el decreto de adjudicación del inmueble derivado de la subasta en el marco de las ejecuciones hipotecarias, es decir, el documento judicial con el que se tramita la ejecución hipotecaria.
De esta forma, cuestionó la parlamentaria de NC, han encontrado un mecanismo para “zafarse de sus obligaciones” monetarias por la tenencia de inmuebles.
Pero además, continuó, los bancos o fondos buitre “no comunican la nueva titularidad, creando con ello situaciones gravosas” para las familias y empresas. Además de haberse visto desposeídos de sus propiedades, Domínguez aseguró que “se ven sometidos, con el paso del tiempo y por puro desconocimiento, a la necesidad de tener que recurrir a liquidaciones tributarias que ya no les conciernen”.
Esta situación, explicó, ha perjudicado también a las administraciones locales al no poder cobrar los impuestos correspondientes por carecer de los datos de los nuevos propietarios. Una falta de transparencia que, como denunció, crea perjuicios a las comunidades de propietarios.
Por estos motivos, la proposición no de ley solicita que el Gobierno estatal lleve a cabo las modificaciones legislativas pertinentes para que la remisión, al Registro de la Propiedad, del testimonio del Decreto de Adjudicación del inmueble derivado de la ejecución hipotecaria se haga de oficio por el letrado de la administración de justicia, “y no a instancia del nuevo adquiriente”.
También para que sea este mismo jurista el que remita, de oficio y de forma telemática, a los catastros inmobiliarios de los ayuntamientos o entidades locales donde se encuentre radicado el inmueble, el citado testimonio del Decreto de Adjudicación.
