En tal sentido la Senadora Sandra Domínguez ha
presentado a la Cámara Alta tres
enmiendas de modificación del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, actualmente en tramitación.
Señala la Senadora que la Ley de Catastro
actual es un documento obsoleto, y que los procedimientos de inmatriculación, deslindes, rectificaciones de cabida
de fincas etc, han de tener como base un certificado catastral, por lo
que se hace necesario agilizar los procedimientos y dar transparencia a la
información, así como acercar a los ciudadanos al órgano resolutorio.
En ésta línea la Senadora Sandra Domínguez ha presentado tres enmiendas, que se
llevarán el próximo día 5 de mayo a la Comisión de
Justicia, para su posterior votación en el Pleno del Senado, por las cuales se
pide que la información catastral tengan un contenido público para todo aquel que acredite tener en
ello un interés legítimo, como ocurre en el Registro de la Propiedad.
Hasta la fecha un
ciudadano no puede optar a la información del catastro si no es el titular del
suelo, pero en cambio si puede tener acceso
a la información del Registro de la Propiedad aunque no sea propietario.
Se trata de una iniciativa que permitiría a cualquier ciudadano con interés legítimo, tener información respecto a la titularidad catastral. Señala la Senadora de AMF que su enmienda viene
basada en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que regula el derecho de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos,.
Así mismo la Senadora de AMF ha enmendado la Ley de
Catastro a fin de que los Ayuntamientos
puedan resolver cuestiones del catastro, que hasta ahora son procedimientos que
se llevan desde la Gerencia Regional del
Catastro de Canarias y que actualmente las resoluciones se dictan desde Las
Palmas, cuando son los Ayuntamientos los conocedores de la realidad física y jurídica de los terrenos que comprenden su
municipio.
Expone la Senadora que la
capacidad de resolución a
favor de los Ayuntamientos estarían dentro de un principio de
colaboración efectiva y
que exigiría, lógicamente, un aporte presupuestario, pero
agilizaría y
descongestionaría las gerencias
catastrales.
