Unanimidad en Fuerteventura para reclamar al Ministerio modifique urgentemente reparto de la cuota del atún rojo para Canarias






El Pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó hoy por unanimidad una iniciativa de apoyo a las cofradías de pescadores de Fuerteventura en reivindicación de una distribución justa de la cuota de pesca del atún rojo. La propuesta, que fue presentada por PSOE y CC, fue respaldada por todo los grupos políticos al incluir una enmienda del PP para que la reivindicación de apoyo se plantee también al Gobierno de Canarias.


El acuerdo incluye la demanda a la Delegación del Gobierno de España en Canarias "para que de una vez por todas se haga eco de las justas reivindicaciones de las Cofradías de Pescadores, las asuma como propias y las traslade y defienda como propuesta propia ante el Ministerio competente para conseguir la corrección de la Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la asignación de cuotas de atún rojo y del censo específico de la flota autorizada para el ejercicio de la pesca del atún rojo, publicada en el BOE del martes 17 de febrero de 2015".
Todo ello, para conseguir que la distribución que hace el Ministerio alcance al menos el 10% de la cuantía asignada para todo el Estado. Así, todos los grupos políticos consideran  necesario que el Gobierno de España modifique la Orden de 18 de abril, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo.

"Es increíble que un solo barco de pesca del Mediterráneo tenga más cuota que toda la flota canaria. O que lo destinado a pesca deportiva en la Península supere en mucho la cuota destinada a pesca profesional en Canarias, que además es con técnicas tradicionales", señaló la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Rita Díaz.   

En la justificación de la iniciativa se explica que representantes de las Cofradías de Pescadores de Fuerteventura se han dirigido al Cabildo de Fuerteventura para exponer su desacuerdo con la anunciada distribución de cuota de pesca del atún rojo que le correspondería a Canarias, de acuerdo con los criterios aplicados por el Gobierno de España.
Hay que recordar que de forma reiterada los pescadores vienen solicitando que se conceda a Canarias al menos el 10% de las alrededor de 3.000 toneladas de capturas asignadas para toda España. Esta demanda está justificada por nuestros derechos históricos sobre esta pesca y porque aquí se hace además de forma totalmente artesanal y sostenible.
Sin embargo,  las múltiples reuniones y viajes a Madrid y Gran Canaria para explicarlo a los representantes del Gobierno de España no han servido de nada. La última de estas reuniones fue hace unas semanas en la Delegación de Gobierno, donde se intentó silenciar las reivindicaciones de los pescadores con la promesa de llegar hasta 100 toneladas a modo de obsequio.
Los pescadores de Fuerteventura  no quieren más obsequios, ni regalos, ni migajas. Lo que los pescadores reclaman es justicia hacia su actividad.
Conviene recordar que los días 30 y 31 de octubre de 2013, y por iniciativa de las propias Cofradías de Pescadores de Fuerteventura,  se celebró en Corralejo la reunión de los grupos de trabajo de Consejo Consultivo Regional de las Aguas Occidentales Australes (CCR.S) de la Comisión Europea.
Fruto de esa reunión nació una propuesta técnica para conseguir que la Comisión Europea accediera al cambio de veda en el atún rojo, respetando las fechas planteadas desde las Islas, y la aplicación de la denominada ‘pesca dirigida’. Este cambio  fue luego respaldado en el marco de la Comisión Internacional para la Conservación de Atún del Atlántico (ICCAT) reunida en Sudáfrica y luego asumido por el Gobierno de España.
Sin embargo, lo que no ha querido asumir nunca el Gobierno de España, pese a que la Comisión Europea y la Comisión Internacional para la Conservación de Atún del Atlántico no pondrían inconvenientes, es reordenar las cuotas de capturas concedidas a España para que Canarias pueda acceder al 10% que históricamente le corresponde. Además, a este 10% habría que añadir el incremento de la valoración de la actividad socioeconómica que genera. Cuestiones éstas reivindicadas por el sector que implicarían la modificación de la Orden ministerial AAA/642/2013, de 18 de abril.