El Pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó hoy por unanimidad una
iniciativa de apoyo a las cofradías de pescadores de Fuerteventura en
reivindicación de una distribución justa de la cuota de pesca del atún rojo. La
propuesta, que fue presentada por PSOE y CC, fue respaldada por todo los grupos
políticos al incluir una enmienda del PP para que la reivindicación de apoyo se
plantee también al Gobierno de Canarias.
El acuerdo incluye la
demanda a la Delegación del Gobierno de España en Canarias "para
que de una vez por todas se haga eco de las justas reivindicaciones de las
Cofradías de Pescadores, las asuma como propias y las traslade y defienda como
propuesta propia ante el Ministerio competente para conseguir la corrección de
la Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Pesca, por
la que se publica la asignación de cuotas de atún rojo y del censo
específico de la flota autorizada para el ejercicio de la pesca del atún rojo, publicada
en el BOE del martes 17 de febrero de 2015".
Todo ello, para conseguir que la
distribución que hace el Ministerio alcance al menos el 10% de la cuantía
asignada para todo el Estado. Así, todos los grupos políticos consideran necesario que el Gobierno de España modifique
la Orden de 18 de abril, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, por la que se regula la pesquería de atún rojo en el
Atlántico Oriental y Mediterráneo.
"Es increíble que un solo barco de pesca del Mediterráneo tenga más
cuota que toda la flota canaria. O que lo destinado a pesca deportiva en la
Península supere en mucho la cuota destinada a pesca profesional en Canarias,
que además es con técnicas tradicionales", señaló la consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Rita Díaz.
En la justificación de la iniciativa se explica que representantes
de las Cofradías de Pescadores de Fuerteventura se han dirigido al Cabildo de
Fuerteventura para exponer su desacuerdo con la anunciada distribución de cuota
de pesca del atún rojo que le correspondería a Canarias, de
acuerdo con los criterios aplicados por el Gobierno de España.
Hay que recordar que de forma reiterada los pescadores vienen
solicitando que se conceda a Canarias al menos el 10% de las alrededor de 3.000
toneladas de capturas asignadas para toda España. Esta demanda está justificada
por nuestros derechos históricos sobre esta pesca y porque aquí se hace además
de forma totalmente artesanal y sostenible.
Sin embargo, las
múltiples reuniones y viajes a Madrid y Gran Canaria para explicarlo a los
representantes del Gobierno de España no han servido de nada. La última de
estas reuniones fue hace unas semanas en la Delegación de Gobierno, donde se
intentó silenciar las reivindicaciones de los pescadores con la promesa de
llegar hasta 100 toneladas a modo de obsequio.
Los pescadores de Fuerteventura no quieren más obsequios, ni regalos,
ni migajas. Lo que los pescadores reclaman es justicia hacia su actividad.
Conviene recordar que los días 30 y 31 de octubre de 2013, y por
iniciativa de las propias Cofradías de Pescadores de Fuerteventura, se celebró en Corralejo la
reunión de los grupos de trabajo de Consejo Consultivo Regional de las Aguas
Occidentales Australes (CCR.S) de la Comisión Europea.
Fruto de esa reunión nació una propuesta técnica para conseguir
que la Comisión Europea accediera al cambio de veda en el atún rojo, respetando
las fechas planteadas desde las Islas, y la aplicación de la denominada ‘pesca
dirigida’. Este cambio fue luego respaldado en el marco de la Comisión
Internacional para la Conservación de Atún del
Atlántico (ICCAT) reunida en Sudáfrica y luego asumido por el Gobierno de
España.
Sin embargo, lo que no ha querido asumir nunca el Gobierno de
España, pese a que la Comisión Europea y la Comisión Internacional para la
Conservación de Atún del
Atlántico no pondrían inconvenientes, es reordenar las cuotas de capturas
concedidas a España para que Canarias pueda acceder al 10% que históricamente
le corresponde. Además, a este 10% habría que añadir el incremento de la
valoración de la actividad socioeconómica que genera. Cuestiones éstas
reivindicadas por el sector que implicarían la modificación de la Orden
ministerial AAA/642/2013, de 18 de abril.
