Fuerteventura.- Ni rastro ayer de los evaluadores de dependencia que iban a iniciar su labor en la isla. Un nuevo jarro de agua fría para la familia de Lucas Vargas y de Inma Alcaide que confiaban en las promesas del director general de dependencia de reanudar el servicio interrumpido hace un año. Desde Aderis, su presidenta, Mari Carmen Hernández, anuncia que emprenderán acciones legales y retomarán las concentraciones para denunciar “la dejadez institucional y la falta de humanidad”.
