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El Gobierno de Canarias comparece en el Parlamento a petición del PP
sobre el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de la prestación del
servicio de producción y distribución de agua potable.
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En el Pleno celebrado en el
Parlamento de Canarias de este miércoles, el Gobierno de Canarias ha intentado
minimizar su responsabilidad en este asunto, trasladándola a las diferentes
Corporaciones Insulares.
10 de marzo
2016.- En el pleno del Parlamento de Canarias
celebrado este miércoles, 9 de marzo, a petición del Partido Popular, ha
comparecido el Gobierno de Canarias para dar cuenta del informe de fiscalización
del Tribunal de Cuentas (periodo 2007-2011) de la prestación por las entidades
gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable en las islas
de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.
Se trata de
un informe promovido a instancias de una iniciativa parlamentaria en la
legislatura pasada, de nuestra ex Diputada nacional, Celia Alberto en la Comisión
Mixta para Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en el Congreso de los
Diputados. Iniciativa fruto de las supuestas irregularidades en la gestión y distribución
del agua potable en la isla de Fuerteventura que, en reiteradas ocasiones,
denunciamos desde el Partido Popular de Fuerteventura.
En esta
comparecencia, la Diputada Regional del Grupo Popular en el Parlamento de
Canarias, Águeda Montelongo, puso en evidencia que, a raíz de los datos y la
información que se contiene en este informe del Tribunal de
Cuentas “estamos hablando de pérdidas millonarias y una dudosa, por no decir,
escandalosa gestión del agua potable en
las islas de Tenerife,
Lanzarote y Fuerteventura”. Argumentaba Montelongo en su intervención que “estamos
ante un informe en el que se plantean cuestiones, situaciones y modos de
actuación realmente asombrosos y que pone en evidencia, cuando menos, una
dudosa gestión, llevada a cabo en las entidades gestoras del servicio de
suministro y distribución de agua potable en las islas de Tenerife, Lanzarote
y Fuerteventura, durante el periodo
analizado por el Tribunal de Cuentas, los años 2007 a 2011”.
Remarcaba
Montelongo que “todo este asunto ha empezado en mi isla, en Fuerteventura, es allí donde empezamos a
detectar ciertas irregularidades y donde empezamos a denunciar lo que estaba
ocurriendo, denuncias que reiteradas veces intentamos llevar al propio Cabildo
de Fuerteventura, que entonces presidía el hoy Diputado Regional Mario Cabrera
que, jamás admitió comparecencia alguna para confirmar o desmentir las dudas
que entonces teníamos sobre la gestión del agua potable en la isla de
Fuerteventura”.
Montelongo insistía en que, “para
que se hagan una idea, el informe del
Tribunal de Cuentas viene a señalar que durante los cinco años
fiscalizados en el Consorcio de Aguas de Fuerteventura, mientras era presidente
de este Cabildo Cabrera, las pérdidas de agua en Fuerteventura representaron el
37% de media del agua producida, ni más ni menos, un volumen de pérdida de agua
potable, conllevó un coste medio de pérdidas de agua de poco más de 5 millones
de euros que, durante los 5 ejercicios fiscalizados (2007-2011), alcanzó la
cifra de 25.882.192,28 euros, ahí es nada”.
“Es increíble, pero sólo
en la isla de Fuerteventura, el porcentaje de las mermas fue una constante en
aquellos años, llegando a alcanzar el 11% del agua producida. Y las pérdidas en
la red de distribución en la isla de Fuerteventura, supuso el 29% del agua
suministrada, hablando claro, un auténtico despilfarro, un auténtico
disparate”, remarcaba la diputada Regional.
Al término de
esta comparecencia, la diputada Montelongo insistía en que “podemos estar ante
lo que ya algunos denominan como el escándalo del agua en Canarias”, insiste en que, “al igual que
ocurriera con el caso de Radiotelevisión Canaria y, a raíz de un informe de la
Audiencia de Cuentas, en este caso tanto mi grupo parlamentario como yo misma
vamos a llegar hasta el final porque, son muchas las supuestas irregularidades,
muchos los miles de litros y millones de euros perdidos por nuestras tuberías
por culpa de una dudosa gestión en estas entidades gestoras del suministro de
agua potable”.
