En Pleno Extraordinario, también se acordó la adhesión al Convenio
entre Cabildo y Colegio de Abogados, para asesoramiento jurídico en materia
hipotecaria
El
Pleno Extraordinario y Urgente, celebrado hoy en La Oliva , aprobó unánimemente
tanto la urgencia de la sesión como los dos puntos tratados en el mismo. El
alcalde, Pedro Amador, argumentó la urgencia debido a la finalización de plazos
para acogerse a las subvenciones del programa Feder, línea de ayudas muy
interesante para proyectos de nuestro municipio.
La
concejala de Economía y Hacienda, Nerea Núñez, informó de la presentación de 16 proyectos de ayudas de estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, cofinanciadas por el Programa Feder
2014-20. Los proyectos se enmarcan en la
mejora de las tecnologías de la información y la comunicación, reducción de la
contaminación por carbono, conservar el medioambiente, promover la eficiencia
de recursos e impulsar la inclusión social y luchar contra la pobreza o
cualquier otro tipo de discriminación.
Los
proyectos presentados, tienen un coste económico de 12.340.000 €, aunque la
línea de ayuda máxima de Feder es de 5.000.000 €, pudiendo el Ayuntamiento
acudir a complementar las partidas con financiación propia, ayudas del Estado,
Comunidad Autónoma y Cabildo. Las actuaciones abarcan la practica totalidad de
núcleos poblacionales del municipio con propuestas concretas de mejora de zonas
de ocio y esparcimiento, senderos y caminos, espacios abiertos al aire libre en
zona de litoral, mejora de accesibilidad a edificios públicos, eficiencia energética
en edificios públicos, mejoras de señalización, programas de integración
social, ampliación de infraestructuras deportivas, aprovechamiento de aguas
depuradas, carriles bici y preservación del medio marino.
Otro
importante acuerdo fue la adhesión al Convenio entre el Cabildo de
Fuerteventura y el Colegio de Abogados en materia hipotecaria. La concejala de
Bienestar Social, Rosa Fernández, argumentó la necesidad de muchas familias de
protección frente a los desahucios hipotecarios, circunstancia que les pone en
riesgo de exclusión social. La profunda crisis económica que aún padece el
país, con pérdida de capacidad adquisitiva y de muchos puestos de trabajo, ha
llevado aparejada la insuficiencia de recursos económicos en muchas familias
para hacer frente a los pagos hipotecarios de la vivienda de residencia.
El
objetivo del Convenio es que las familias con emergencia social, de carácter
hipotecario, reciban asesoramiento jurídico gratuito. Las personas interesadas
se podrán dirigir a la
Concejalía de Bienestar Social, donde recibirán la
información necesaria. Fernández, recalcó que “en momentos como los actuales,
las instituciones y organismos públicos tienen la obligación de apoyar las
colectivos más vulnerables y necesitados”.
La Oliva a 07 de marzo de 2016
