Cabildo Fuerteventura recurrirá proyecto del Gobierno de Canarias de instalación de dos parques eólicos de 4,7 megavatios en La Oliva

img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-e0Bofrg_xhQnU3daXxNAVMwQANfFh2HuUpkU5SdgjlEHqraPyqadGvDhUfyp3IVcRjYo8ojZC4859DDTOPht2I8Jh9ulyyJ4nIjQ06udIiVb1ED69wIAJdiLmwLY6WyQIodc6enVwaaz/s640/fotopresidenteconsejera.JPG

El Cabildo de Fuerteventura recurrirá el proyecto de instalación en el municipio de La Oliva de dos parques eólicos de 4,7 megavatios cada uno por parte del Gobierno de Canarias, interponiendo las acciones pertinentes, con el objetivo de evitar su afección al paisaje de la zona. El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, señala que “la Institución insular apuesta por el nuevo modelo energético, pero es necesario impulsarlo de manera compatible con la protección del paisaje majorero para evitar los posibles deterioros del mismo”.
Según la consejera insular de Obras Públicas, Edilia Pérez, “las instalaciones de este tipo deben seguir una serie de requisitos para no afectar al paisaje, por lo que es necesario que se acuerden entre ambas administraciones criterios de implantación acordes al territorio, en coherencia con el Plan Insular de Ordenación y la Ordenanza Insular para la implantación de energías renovables de la Isla”.
En su fundamento jurídico, el Cabildo alude a la vulneración del artículo 35.1.a) e i) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, por “insuficiente motivación de las razones de excepcional urgencia y la infracción de las normas del procedimiento establecido por la Ley 21/2013 para la declaración de impacto ambiental del proyecto”.
La Corporación insular solicita además que, como medida cautelar, se establezca la suspensión del decreto de la Consejería de Economía, Industria y Conocimiento por el que se acuerda la ejecución de los proyectos, denominados ‘Parque Eólico Fuerteventura Renovable I y III de 4,7 MW’.
El Cabildo de Fuerteventura recuerda que ha elaborado una ordenanza insular con el fin de fijar los criterios para el uso de las energías limpias en el suelo rústico, con la finalidad de establecer determinaciones que definan qué instalaciones podrán considerarse de interés público y social, así como su implantación de manera ordenada en la Isla. En esta planificación se tienen en cuenta diferentes criterios como la población, el crecimiento económico y la integración de las instalaciones en el paisaje, entre otros.