El
Consejo Político Insular de Coalición Canaria Fuerteventura, que se
reunió el pasado jueves por la noche, acordó emprender acciones en
las distintas instituciones de cara a frenar los efectos y conseguir
anular la Orden DEF/635/2018, de 31 de mayo, por la que se señala la
zona de seguridad de la instalación militar denominada
Acuartelamiento "Teniente Coronel Valenzuela" que fue
publicada el 13 de junio en el BOE.
Esta
Orden del Ministerio de Defensa viene a establecer la denominada
zona de seguridad de la instalación militar de
más de 3 millones de m², ampliando
aproximadamente en un 20% (500.000 m²) la superficie anteriormente
señalada (2’5 millones de m2), que
además alberga
en su recinto el
Centro de Internamiento de Inmigrantes de El Matorral.
Esta
declaración de ahora, vía Orden del Ministerio de Defensa, se lleva
a cabo después de que la Audiencia Nacional estimara los recursos
interpuestos por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Gobierno
de Canarias a una anterior Orden DEF/609/2013, de 4 de abril, en la
que ya se señalaba una zona de seguridad de la instalación militar
mencionada.
Para
Coalición Canaria en Fuerteventura, lo peor
es que una vez anulada dicha Orden de 2013 por las sentencias de la
Audiencia Nacional de 11 y 18 de marzo de 2015, “el Ministerio de
Defensa no sólo no ha buscado el diálogo y el consenso con vecinos
y administraciones para la nueva delimitación, sino que ha optado
por imponerla, además con un sensible incremento de superficie”,
indicó el secretario insular
de CC, Mario Cabrera.
Advertimos
que dicha ampliación
no sólo afecta
ya al vecindario de El Matorral ni a los márgenes de la actual
carretera FV2, sino que se extiende
sobre el entorno de Llanos de La Mareta. Incluso
incide en las previsiones del
PGOU de Puerto del Rosario para la misma, y
hasta al trazado previsto para
el tramo de la futura autovía de Fuerteventura.
Desde
Coalición Canaria entendemos que lejos de corregir la acción
recogida en la Orden del Ministerio de Defensa de 2013, ahora se ha
optado por ir más allá, imponiendo una superficie incluso mayor que
la anulada por la Audiencia Nacional en sendas sentencias que dieron
la razón en sus reclamaciones a a las instituciones canarias.
