Coalición Canaria en Fuerteventura denuncia el abandono y renuncia a las competencias que en materia de migraciones tiene el Gobierno de España. Se trata de un grave retroceso en la prestación de estos servicios.
El Consejo Político Insular de AM-CC analizó este pasado jueves la actual situación y acordó promover iniciativas en el Congreso y el Senado para conseguir respuestas inmediatas por parte del Gobierno de España.
La experiencia acumulada desde hace casi 30 años en la atención a migrantes debería haber servido para mejorarlos. No para dar pasos atrás que acaban provocando una mala atención, desconcierto y preocupación social.
Esta dejadez afecta al control de fronteras, con sistemas de vigilancia y rescate que están a medio funcionamiento y en peores condiciones que hace una década. Actualmente dependen en gran medida de los avisos que hacen los particulares y distintas organizaciones sociales sobre la partida o llegada de embarcaciones.
No hay diálogo ni coordinación con las autoridades de los lugares de salida de estas embarcaciones. No funcionan con normalidad una parte de los equipos técnicos que en su momento se instalaron en distintos puntos de la costa de la isla.
Una vez en tierra, la improvisación y falta de coherencia sigue caracterizando la atención a estas personas.
Pese a que los avisos sobre la llegada de embarcaciones se reciben muchas veces con horas de antelación, indicando incluso desde los servicios de rescate el número de personas que vienen y una primera valoración de su estado; aun así, se genera una sucesión de alarmas, sirenas, luces y acumulación de efectivos, en muchas ocasiones sobredimensionados.
Lo hemos podido observar, por ejemplo, con la asignación incluso de la ambulancia medicalizada del Hospital de Fuerteventura.
Pese a que a píe de muelle ya estaban localizados equipos médicos del SCS procedentes de los Centros de Salud, de Cruz Roja y de otros servicios, se ha optado por trasladar hasta el mismo muelle y durante horas a la única ambulancia medicalizada del Hospital Insular, y con ella a parte del personal médico y enfermero del Servicio de Urgencias del Hospital.
Sin que fuera necesaria en ningún momento su intervención.
Los equipos han esperado horas de manera innecesaria, dejando sin servicio durante ese mismo tiempo a cualquier otra urgencia que pueda plantearse en el resto de la isla o en el propio Hospital.
Esto viene sucediendo sólo durante los últimos meses. Antes sólo se avisaba si era necesario. Ocurre tanto en las llegadas de los servicios de rescate que se producen por el muelle de Gran Tarajal, como en la más reciente por el muelle de Puerto del Rosario.
Entendemos desde Asamblea Majorera - Coalición Canaria que deben coordinarse mejor estos servicios, para destinarlos si de verdad son demandados, como ha venido ocurriendo durante décadas.
Pero no de manera automática y por defecto, como viene ocurriendo desde hace pocos meses. Sobre todo, porque se corre el riesgo de restar recursos a otras urgencias que puedan plantearse en el resto de la Isla.
En la acogida y atención ya en tierra se repite la improvisación. El Gobierno de España decidió cerrar el CIE de El Matorral, una de las promesas realizadas en campaña electoral.
Pero lo hizo sin tener preparada una alternativa razonable para la atención a estas personas.
Durante los meses de noviembre y diciembre asistimos a una sucesión de anuncios y traslados de recursos y de personas migrantes hacia distintas ubicaciones.
Unas veces al Albergue Juvenil de Tefía, donde el Ejército llegó a instalar tiendas de campaña y literas.
Otras veces se intentó en el Museo del Hospitalito del Doctor Mena, en La Ampuyenta, con una preocupante improvisación, preparativos por parte de ONG’s y hasta anuncios nocturnos de apertura, que finalmente acabó parándose.
A partir de entonces, instalaciones de Cruz Roja, Cáritas, de la Iglesia Misión Cristiana Moderna, el terrero de lucha de Tetir, el de Puerto Cabras, naves industriales del sector primario, etc.
Mientras tanto, y desde diciembre, desde el Cabildo, desde el Gobierno de Canarias y desde el Ministerio se ha adelantado reiteradamente la reapertura inmediata de una parte del CIE de El Matorral... Qué siete meses después no se ha llevado a cabo.
Lo más reciente es que se gestionará un acuerdo con una ONG para que dirija el CIE de El Matorral, reconvertido, con otros servicios y con una nueva denominación.
En su momento planteamos que, ante tanta improvisación sobre las instalaciones, se recurriera a las que están infrautilizadas dentro del acuartelamiento de Puerto del Rosario. Cuentan con literas, cocinas, comedores, aseos, enfermería, espacios abiertos, etc.
No se nos hizo caso. Se prefirió optar por naves industriales con aseos portátiles, y en los que ahora incluso se hace el confinamiento por la COVID 19.
No son formas. No es manera de gobernar.
No hay planificación. Ni previsión. Ni reacción lógica. Ni si quiera hay dotación de recursos suficientes para que las ONG’s puedan atender a estas personas con normalidad. Pese a que dichas ONG’s en realidad cubren las carencias provocadas por la inacción y la dejadez del Ministerio y del Gobierno de España.
A día de hoy la atención a estas personas en Fuerteventura se hace gracias a la colaboración de estas ONG’s y a las aportaciones de vecinos y vecinas, que proporcionan ropas, comidas, calzado y hasta recursos económicos.
El Gobierno de España hace dejación de sus funciones.
Con el añadido de que este abandono de competencias por parte del Ministerio acaba provocando preocupación social, malos entendidos, y hasta discusiones y preocupación social y empresarial.
La pandemia de la COVID 19 no hace sino reforzar aún más la necesidad de que el Ministerio responda ya, de forma inmediata, con recursos suficientes, coordinación rápida y gestión eficaz en la atención a las personas migrantes.
Se están haciendo valoraciones y difundiendo opiniones que pueden provocar una peligrosa deriva, ante la que el Ministerio competente debe actuar ya.
Por acción o por omisión, la responsabilidad es del Gobierno de España.
Coalición Canaria promoverá en el Congreso y en el Senado una batería de medidas destinadas a que de una vez por todas el Ministerio, y en general todo el Gobierno de España, reaccione y dote de los recursos sociales, materiales y personales a los servicios de atención a migrantes en Fuerteventura.
Para que no tengan que seguir dependiendo del voluntariado, ni de ONG’s. Para que la calidad asistencial y el respeto a los derechos de las personas esté garantizado en todo el momento.
