Los presidentes de los Cabildos de Lanzarote y Fuertenventura, Pedro San Ginés y Marcial Morales, acompañados por sus respectivos vicepresidentes, han rechazado con contundencia desde el llamado Eje Oriental la propuesta impulsada por Nueva Canarias (NC), en la ponencia de Hacienda para la aprobación del proyecto de Presupuesto de 2017 de la Comunidad Autónoma, que “prácticamente elimina el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y sustrae recursos que les corresponden a las islas para dejar a Lanzarote y Fuerteventura con apenas 5 millones de euros por año frente a los 32 que tienen aprobados actualmente, e incluso al Cabildo de Gran Canaria, presidido por la formación política que impulsó la iniciativa, la dejaría con tan solo 13 millones de euros, frente a los 45 millones de euros que les podía haber correspondido”, sentenciaron Morales y San Ginés en la comparecencia de prensa realizada en la tarde de este miércoles, 14 de diciembre, en Corralejo (Fuerteventura).
Para San Ginés y Morales “no es entendible, ni justo, principalmente para las islas periféricas, que finalmente el próximo 21 de diciembre -durante el debate plenario- se cambie no solo un acuerdo anterior aprobado por el Consejo de Gobierno de 28 de noviembre, sino los criterios regulados por el Decreto 85/2016, de 4 de julio, en los que se ha basado el trabajo realizado durante más de un año por los Cabildos y sus trece ayuntamientos, con el consenso también de agentes sociales y económicos de ambas islas, a través de unos programas y estrategias conjuntas que permitirían a las islas que sufrimos la doble insularidad llevar a cabo actuaciones que mejorarían no sólo el índice de empleabilidad de los habitantes de Lanzarote y Fuerteventura, sino también el desarrollo social y económico que necesitamos. Es más, sería un atentado contra el propio fuero y normativa aplicable; es decir contra los derechos que nos otorga la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias”.
El Consejo de Gobierno aprobó que a través del FDCAN se distribuiría a ambas islas un total aproximado de unos 314 millones de euros en diez años y sólo para 2016 y 2017 unos 62 millones que podrían quedar en apenas 10 millones de euros.
Los presidentes detallaron que los 160 millones provenientes de los extintos fondos IGTE son en definitiva fondos REF y -por tanto- el 58% de dichos fondos corresponderían a las islas, es decir 92,8 millones de euros, y los 67,2 millones restantes al Gobierno, según el criterio de distribución del REF. En puridad, apuntaron Morales y San Ginés, “la distribución que le correspondería por Ley a cada una de las islas del Eje Oriental sería de 7 y 6 millones por año para Lanzarote y Fuerteventura, respectivamente”.
Esto legalmente pudo haber sido así, pero “seis de los siete Cabildos, la FECAM y el propio Ejecutivo autonómico acordaron que la parte del Gobierno de Canarias también se distribuiría entre las islas para que todas las islas, incluidas Tenerife y Gran Canaria, pudiesen recibir más fondos de los que les corresponderían con criterios REF”, recordaron.
Explicaciones que fueron reflejadas en varios ejemplos a través de unas tablas numéricas en las que ambos presidentes destacaron algunos datos, como por ejemplo que con la propuesta de reparto bajo criterio inicial de la triple paridad al 100%, “de los recursos a Gran Canaria o a Tenerife le habrían correspondido 40 millones de euros a cada una de estas islas y 21 y 18 millones a Lanzarote y Fuerteventura, respectivamente”.
No obstante, afirmaron, “lo que finalmente el Consejo de Gobierno aprobó por Decreto fue una fórmula mixta, de tal forma que a las islas de Lanzarote y Fuerteventura tienen aprobados -a fecha de hoy- unos 16,5 y 14,6 millones de euros por año, respectivamente; es decir unos 62 millones a ejecutar en 2017 dejando al margen el eje 3 de empleo, por más de 30 millones de euros pendientes de recursos administrativos o insularizar”.
Por todo lo anterior, Marcial Morales y Pedro San Ginés consideran que el acuerdo adoptado en la ponencia de la Comisión de Hacienda impulsada por NC, atenta contra la propia Ley, dado que -según dicha propuesta- eliminaría la distribución de los fondos del FDCAN y dispondría para el Gobierno casi el 100% de unos recursos REF que al menos en un 58% les corresponde por la citada normativa a las islas.
En cualquier caso, los presidentes anuncian que sólo respaldarán alguna propuesta distinta a lo ya acordado por el Consejo de Gobierno siempre que el resultado final sea similar en términos económicos, de lo contrario piden a los diputados de ambas islas que se mantenga el FDCAN en los términos actualmente aprobados.
