· Claudio Gutiérrez
pide que se informe a los 6 ayuntamientos de la isla y a los sectores
pesquero y turístico sobre posibles afecciones "que condenen el
desarrollo y futuro de estos sectores en la isla"
· El PP advierte que
podrían peligrar proyectos como los muelles de La Hondura, Gran Tarajal o
Corralejo
· El Ministerio de
Transición Ecológica prevé abrir un plazo de alegaciones al Plan de Gestión
de la ZEC en el mes de noviembre
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19 de
julio 2019.- Los consejeros del
Cabildo de Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, María Saavedra, Jessica de León y
Domingo Pérez, han presentado una moción para su debate en el próximo pleno de
la corporación en la que solicitan la creación de una Comisión de Estudios sobre
el Impacto de la declaración de la Zona ZEC (Zona de Especial Conservación) de
la costa este de Fuerteventura, en la que estén presentes los 6 ayuntamientos
de la isla y todos los grupos con representación en el Pleno del Cabildo de
Fuerteventura, así como los sectores productivos y sociales afectados como
podrían ser el turística y pesquero.
"El
objetivo", asegura el portavoz popular, Claudio Gutiérrez, es "informar
sobre lo que supone la declaración de ZEC y asegurarnos de que ningún sector
sufra las consecuencias de más restricciones o prohibiciones que condenen su
futuro, la creación de empleo y la generación de riqueza pero también, aportar
fórmulas que permitan un desarollo sostenible y la defensa del medio
ambiente".
Una Comisión de Estudio
que, para los consejeros del PP, debe elaborar un documento de alegaciones al
Borrador del Plan de Gestión de la ZEC, que ya está redactado y cuyo trámite de
audiencia está previsto por parte del Ministerio de Transición Ecológica del
Gobierno de España para el próximo mes de noviembre.
"El pasado 20 de
junio se desarrolló un taller de "Participación para la actualización de
los Planes de Gestión de 24 ZEC de la Demarcación Marina Canaria" que apenas
duró 8 horas y que no ha contado con la participación de las principales
instituciones majoreras así como de los sectores productivos y sociales
majoreros", asegura Gutiérez. "Por lo que es el Cabildo la
institución que debe defender Fuerteventura de más experimentos que nos lleven
a condenar el futuro de la isla".
En este sentido, el PP
recuerda que esta declaración podría poner en riesgo proyectos como la
ampliación del Muelle de Corralejo, Gran Tarajal o Morro Jable así como la
proyección del futuro Muelle Comercial de Puerto del Rosario en La Hondura. "Hemos
leído el borrador y las áreas de máxima protección que se pretenden declarar
podrían afectar a estos proyectos", recuerda Claudio Gutiérrez que
recuerda además que "El Cabildo de Fuerteventura ha pedido en la pasada
legislatura por unanimidad revisar el LIC marino y el Gobierno de Canarias no
ha dado traslado al Gobierno de España de estas peticiones que una vez más,
vienen a poner más trabas a pescadores, recreativos, sector turístico y las
infraestructuras de futuro de la isla. Estamos de acuerdo en proteger el medio
marino pero sin poner más palos en las ruedas a, por ejemplo, el pescador
majorero que ha renunciado a artes pesqueras que esquilman la costa".
Gutiérrez recuerda
además que el pasado 19 de junio de 2018, el Parlamento de Canarias que aprobó
una PNL para iniciar el expediente de revisión de las áreas incluidas en la Red
Natura 2000 y, concretamente, del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) que
afecta al puerto del Gran Tarajal con el objetivo de abrir una ventana al LIC
que dé cobertura legal a un futuro proyecto de abrigo y ampliación para el
muelle de Gran Tarajal. "Si declaramos ZEC esta zona, será imposible abrir
esta ventana. Es el mismo rango que tenía Monteagudo, declarada zona ZEPA, y su
imposibilidad para desclasificarla ha hecho que se descarte como lugar viable
para implantar la futura central eléctrica. Si dejamos que se declare ZEC sin
asegurarnos de que existen estas ventanas, habremos renunciado al futuro
desarrollo de estos proyectos en toda la costa este de Fuerteventura, donde se
concentran las zonas pobladas y, por tanto, el futuro crecimiento de la isla".
ANTECEDENTES
Por su parte, la consejera Jessica de León recuerda que "estamos
a tiempo de construir entre todos un documento que no frene ningún proyecto de
futuro para Fuerteventura si el Cabildo de Fuerteventura apuesta por una
Comisión de Estudio de la que salga un documento de alegaciones que defienda
Fuerteventura".
"Es curioso cómo hay LICs en Canarias, en la isla de El Hierro y
sur de Tenerife, auténticas reservas marinas, que no se convertirán en ZEC en
2020 mientras aquí toda la costa este majorera será ZEC", asegura de León.
"No estamos en contra de proteger pero no podemos poner en riesgo
infraestructuras de futuro o nuestros sectores productivos de los que dependen
miles de familias en la isla".
El pasado 24 de febrero de 2015, a través de la Orden Ministerial AAA/368/2015, se aprobó la propuesta de inclusión en la lista de
Lugares de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000 del espacio ESZZ15002
Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura, después del
desarrollo de campañas de investigación en el marco del proyecto LIFE_
INDEMARES «Inventario y designación de la Red Natura 2000 en áreas marinas del
Estado español».
La Red Natura 2000
constituye un instrumento fundamental de la política europea de conservación de
la biodiversidad como resultado de la aplicación de la Directiva 92/43/CEE, del
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats). La Red está
compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), por Zonas
Especiales de Conservación, y por las Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA).
En este sentido, los
lugares que puedan ser declarados como Zonas Especiales de Conservación serán
propuestos a la Comisión Europea para su aprobación como LIC. Una vez aprobadas
o ampliadas por la Comisión Europea las listas de Lugares de Importancia
Comunitaria, éstos serán declarados como Zonas Especiales de Conservación lo
antes posible y como máximo en un plazo de seis años, junto con la aprobación
del correspondiente plan o instrumento de gestión.
El Ministerio de
Transición Ecológica prevé que el plazo de audiencia, información pública y
alegaciones comience el próximo mes de noviembre para la posterior redacción
del Real Decreto, publicación en el BOE y entrada en vigor por lo que "se
hace necesaria aunar esfuerzos para no condenar el futuro de nuestro sector
pesquero y turístico pero también para posibilitar un desarrollo sostenible
compatible con el cuidado al medio ambiente", finaliza.
