El Estatuto de Autonomía de Canarias establece en su Disposición
Transitoria Primera que la elección de
los diputados del Parlamento de Canarias no se rige estrictamente por un criterio
poblacional, sino por lo que ha venido llamándose la triple
paridad. Esta consiste en que ambas provincias tengan igual número de
diputados (30), que también las islas capitalinas —Gran Canaria y Tenerife— tengan
el mismo número de representantes (30) y que la suma de los parlamentarios de
las islas no capitalinas —Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El
Hierro— sea el mismo que el de la suma de los de las islas capitalinas (o sea,
30). De este modo, Gran Canaria y Tenerife quedan con una representación de 15
diputados cada una; Lanzarote 8, La Palma 8, Fuerteventura 7, La Gomera 4 y El
Hierro 3 diputados.
Estoy siguiendo el enésimo debate sobre la
reforma del sistema electoral canario con cierto escepticismo, entre
otras cosas porque, en esta ocasión, este parece circunscrito a la isla de Gran
Canaria. Basta con mirar la lista de adhesiones personales y colectivas al
manifiesto de Demócratas por el Cambio: la mayoría de los colectivos y
personas adheridas son de esa isla. Por otra parte, considero que esta campaña está tan mal enfocada que solo
podría tener escaso eco en Gran Canaria y Tenerife, entre otras cosas porque a la
mayoría de los canarios la reforma electoral les trae sin cuidado: lo que les
preocupa es el desempleo, los desahucios, la educación, la sanidad, los
servicios sociales, etc. Pero la
verdadera razón de mis recelos radica en el hecho de que, después de que se
empeoró el sistema electoral en el año 1996, a través de la Ley Orgánica 4/1996, que reforma el
Estatuto de Autonomía canario, cuya legalidad ha sido confirmada por el
Tribunal Constitucional en su sentencia 225/1998, elevando irracionalmente las barreras electorales para
acceder al Parlamento, todos los intentos de reforma han
acabado en sonoros fracasos.
A ver si me explico: la Disposición Transitoria Primera del Estatuto de Autonomía de Canarias,
y la Ley Orgánica 10/1982, que la desarrolla, establecían unos topes mucho más
racionales para obtener representación en el Parlamento, es decir, fijaban la necesidad de obtener el 3% de los votos válidos en el ámbito de
la Comunidad, o bien el 20% de los mismos en la respectiva
circunscripción electoral, que en el caso de Canarias es la isla. En 1996 Coalición
Canaria y el Partido Popular, que gobernaban la Comunidad Autónoma, promovieron la reforma del Estatuto canario,
que fue aprobada por unanimidad en
casi todos sus puntos, tanto en el Parlamento canario, como en el Congreso de
los Diputados y el Senado, excepto
en lo que se refiere al sistema
electoral, que sólo contó con el apoyo
del Partido Popular y Coalición Canaria, que eran socios tanto en el Gobierno nacional como en el Gobierno autónomo.
La reforma de CC y PP elevó los
umbrales electorales al 6% a nivel
autonómico y al 30% a nivel insular, con la excusa de impedir la atomización y
fragmentación del Parlamento, impidiendo el acceso a los grupos insularistas que
supuestamente distorsionaban el sistema democrático y jugaban a ejercer el
famoso diputado número 31 —mayoría absoluta— para «barrer» para su isla.
La elevación de las barreras electorales a niveles irracionales obtuvo
la oposición de las restantes
fuerzas políticas presentes en el Parlamento de Canarias: el PSC-PSOE, la Plataforma Canaria
Nacionalista (PCN) y la Agrupación Herreña Independiente (AHI). En las
Cortes Generales, la proposición de reforma obtuvo la oposición de Izquierda Unida, PSOE y AHI.
Lo que me pregunto es ¿qué cambio en el sistema electoral canario pretende ahora el PP
que fue el principal promotor —gobernaban en Canarias y en España— de la
subida de los topes electorales irracionales al 30% insular y 6%
comunitario?
También el dirigente de Nueva Canarias
(NC), Román Rodríguez —miembro
entonces de Coalición Canaria—, en el año 1999, en su discurso de investidura como presidente del Gobierno de Canarias,
se comprometió a «rebajar al menos los
topes porcentuales» para acceder al Parlamento. En realidad era un brindis
al sol, un guiño a Tomás Padrón,
presidente de AHI, que estaba muy enfadado con el presidente Manuel Hermoso, de Coalición Canaria,
por haber subido los topes al 30% y 6%. El
mandato como presidente de Canarias se
le pasó a Román Rodríguez y no movió
ficha para la reforma electoral que ahora exige con tanto ahínco. Se ve que
tenía otras prioridades.
El pacto Coalición Canaria-PSOE ha enviado hace poco una nueva propuesta de reforma del Estatuto
de Autonomía a las Cortes Generales,
en la que se bajan a la mitad —15% y
3%— los topes electorales para
acceder al Parlamento, y se propone una nueva
circunscripción regional de 10 diputados, así como que una isla más poblada que otra no tenga menos diputados en la Cámara
autonómica. Esta propuesta se aproxima a la aprobada por el PSC-PSOE en sus
Congresos. Si ya resultó llamativo el
oportunismo del PP en 1996, cuando
se apuntó a la reforma electoral en la que subieron los topes electorales al 30%
insular y 6% de la Comunidad, más
llamativo aún resulta que el mismo PP hace
apenas unos meses haya votado en
contra de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias en la que se
incluía la reducción de los topes
electorales a la mitad, es decir al 15% insular y al 3% de la Comunidad; el mismo PP que bloquea en las Cortes Generales la aprobación de la reforma
aprobada por el Parlamento de Canarias.
Lo que quiero decir es que cambios se pueden
hacer muchos, pero están tardando, el colectivo Demócratas para el Cambio,
pero sobre todo el PP, Nueva Canarias, Podemos y Ciudadanos, en explicarnos a
todos los canarios, a los de todas las islas, qué cambios se pretenden
llevar a cabo para que en Canarias «todos votemos igual». Y la segunda
cuestión es: ¿El cambio del Sistema electoral canario que promueven Demócratas
para el Cambio es el mismo que el que propone el PP, Nueva Canarias Ciudadanos y
Podemos?
Ya es hora de ir aclarando el verdadero alcance de este debate artificial
que se ha orquestado sin una propuesta concreta, porque el sistema electoral
canario, aparentemente desigual y que desequilibrado,
es el que ha venido a garantizar la cohesión y el progreso armónico de todo el
Archipiélago. Las islas no capitalinas han experimentado en estas últimas tres
décadas un aceptable desarrollo social y económico gracias a su peso en el Parlamento
de Canarias, lo que se ha producido sin menoscabo del desarrollo de Gran Canaria
y Tenerife.
Por Domingo Fuentes Curbelo
Soy canario, de la isla de Fuerteventura. Licenciado en Filología Inglesa. Profesor de IES San Diego de Alcalá de Puerto del Rosario. Socialista. He sido consejero y vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, diputado del Parlamento de Canarias y senador por la comunidad Autónoma de Canarias. Escribo en mis ratos libres y he publicado varios libros (novela y poesía).
