Algunas nos
integramos en la vida política como consecuencia de un accidente lógico al
entender la necesidad de trasladar la lucha social al interior de las
instituciones.
Entendemos que las
desigualdades sociales y la exclusión de familias trabajadoras a quienes se les
cierran las puertas del bienestar hace necesario intensificar la defensa de los
derechos más básicos como el de acceso a una vivienda digna.
Lamentablemente mientras
no se alteren las reglas del juego en la desigual relación entre hipotecados
sobreendeudados y banca, se mantendrá la lacra de los desahucios.
Lo que es
igualmente alarmante es la ausencia de una red de seguridad pública. La falta
de interés por crear un parque público de alquiler suficiente hace
imposible que una familia que no pueda cumplir sus obligaciones con la banca y se
vea en una situación de desahucio pueda ser realojada, al menos
temporalmente, en una vivienda pública.
Seguimos en una
situación de emergencia habitacional en Canarias, agravada además con el auge
del alquiler vacacional debido a la popularización de su explotación a través
de las nuevas tecnologías. Así, si no alteramos los desequilibrios de poder
entre banca, ciudadanía y administraciones públicas, las entidades seguirán
desahuciando y las personas con menos recursos seguirán siendo desahuciadas.
Actualmente en
Canarias carecemos de una política de vivienda adecuada, los presupuestos
públicos de vivienda son míseros, se han cerrado empresas, no se ha creado
parque, además de que no se han afianzado alianzas con el tercer sector, ni con
las entidades bancarias, ni con los colectivos defensores del derecho a la
vivienda digna.
Si el problema de
vivienda fuese un paciente con una grave enfermedad, el Gobierno de Canarias
como médico, en vez de operarle de urgencia le subvencionaría una cómoda gama
de ataúdes.
Sigue habiendo un
inmenso número de vivienda vacía en manos de la banca esperando, especulando
para seguir haciendo caja a costa del sufrimiento de la población y con la
complicidad de unas administraciones insensibles e ineficaces.
Es urgente la toma
de medidas concretas que supongan cambios drásticos en beneficio de la
población: la puesta en el mercado de la vivienda vacía, el blindaje de
alquileres asequibles, la rehabilitación y la provisión de vivienda barata.
Para lograr estas medidas es necesario un importante compromiso de recursos
públicos, lo que significaría un aumento de la presión fiscal a los que más
tienen, una decidida apuesta contra el fraude y una indudable mejora en la
gestión.
Nuestra apuesta
decidida además pasa por impulsar una Comisión Parlamentaria autonómica que
analice, de forma global, la problemática del derecho a la vivienda junto con
colectivos ciudadanos; además de la creación de una Empresa Pública de Energía
para, entre otras cosas, garantizar el suministro a personas y familias
vulnerables, en consonancia con nuestra idea de que una vivienda no supone solo
un techo sino que lo entendemos como un concepto más amplio que incluya la garantía
de suministros esenciales.
Nos encontramos
ante un problema que por sus dramáticas consecuencias sobre la población y por
el creciente número de afectados demanda medidas valientes que supongan una
postura firme de las instituciones en beneficio de la ciudadanía. Para lograr
esto debemos apostar por poner al frente de las administraciones un equipo que
combine experiencia con la empatía necesaria para mantenerse sólido en tan
importante objetivo.
Andrés Briansó,
candidato de Todas, a ganar 2019 al Parlamento de Canarias por Fuerteventura en
las primarias de Podemos Canarias
