El Cabildo de Fuerteventura mantiene su compromiso de defender el carácter público del Consorcio de Abastecimiento de Agua a Fuerteventura (CAAF), además de ampliar los servicios con la instalación de nuevas redes de distribución para llegar en mejores condiciones a más puntos de la Isla. Todo ello sin aumentar la plantilla de trabajadores y haciendo un esfuerzo para reducir costes de funcionamiento y mantener las tarifas.
Mario Cabrera, presidente del Cabildo de Fuerteventura y del CAAF explicó que “no hay que salir de Canarias para ver el proceso de privatización que están sufriendo este tipo de empresas públicas de abastecimiento de aguas. Nosotros apostamos porque mantenga su carácter público al 100%, pero para eso es necesario aplicar medidas de gestión eficaces, y que además consultamos con los propios trabajadores del CAAF permanentemente, aunque al parecer a algunos representantes sindicales eso le moleste”.
El vicepresidente del CAAF, Manuel Miranda, aclara además, frente a las manifestaciones realizadas en prensa desde el sindicato FIA-UGT, que el debate más reciente sobre estas medidas fue en la Junta general que el CAAF celebró la semana pasada, con la asistencia de representantes de los trabajadores, de los ayuntamientos que integran el CAAF y del propio Cabildo, “y quedó de manifiesto que la opinión mayoritaria es que hay que apostar por prorrogar el convenio, manteniendo las actuales condiciones y sin aumentar plantilla.
Si FIA-UGT quiere denunciar el convenio e ir a negociar uno nuevo también podemos hacerlo. Pero quedó muy claro en esa reunión que la actual situación económica no es la de hace unos años y que por lo tanto las condiciones de negociación también son distintas. Sería bueno que los portavoces de FIA-UGT de Gran Canaria se informaran de lo que se acuerda en Fuerteventura”.
Manuel Miranda explicó que “probablemente desde Gran Canaria las cosas se vean distintas, porque allí además tiene otro tipo de experiencias con los servicios públicos de abastecimiento de agua. En Fuerteventura su carácter es 100% público y así seguirá siendo, además llevamos casi una década sin subir las tarifas, pese a que extendemos cada vez más el servicio. No es fácil, obliga a hacer muchos ajustes, incluyendo los costes de personal.
Lo que está claro es que si alguien aspira a dirigir la empresa desde un sindicato está muy equivocado. Diálogo sí, pero sin imposiciones y atendiendo a las necesidades reales. Aplicamos restricciones económicas desde el comienzo de la crisis, pero nunca mermando los acuerdos económicos ya firmados con los trabajadores”.
