El
Consejo de Gobierno ha autorizado hoy, a propuesta de la Consejera de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda, la firma del convenio de colaboración entre la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de
Fuerteventura para la prestación de
servicios en centros residenciales y centros de estancia diurna a personas en situación de dependencia por un
importe total de 1.760.335 euros, de los que la Comunidad Autónoma aporta
1.332.767 euros y el Cabildo de Fuerteventura 427.568 euros. Esto supone un
incremento de 147.087,38 euros con respecto del pasado año.
Este
convenio supone un aumento en el número de plazas sociosanitarias de
dependencia pasando de 170 plazas en 2015 a un total de 181 en 2016. A través
de este convenio se garantiza la financiación, para la isla de Fuerteventura,
de un total de 181 plazas, 87 residenciales y 94de estancia diurna.
Con la entrada en vigor de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia, se define un marco de actuación común
y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada
de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de
dependencia.
El
instrumento que garantiza esta atención es el Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD), por medio de un Catálogo de prestaciones de
servicios y económicas, configurado como una red pública que integra centros y
servicios públicos y privados concertados y acreditados.
El
presente convenio tiene por objeto articular la colaboración entre la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y el Cabildo Insular de Fuerteventura
para la prestación de los servicios de centro de día y de noche, así como de
atención residencial (residencias, viviendas tuteladas y hogares funcionales)
incluidos en la Red de Centros Sociosanitarios, propios, concertados o
convenidos por el referido Cabildo Insular, a las personas mayores o con
discapacidad que tengan reconocida la situación de dependencia, determinado los
cuidados sanitarios, en su caso, y se les hayan asignado dichos servicios en el
Programa Individual de Atención.
