España es un
país mileurista en el que el salario mínimo es de 655,20 euros
mensuales. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, en nuestro país existen empresas que remuneran a sus
trabajadores por encima de la media, e incluso algunas comparten sus beneficios
con ellos y les premian cuando las cosas van bien porque son conscientes de que los empleados han contribuido con su
esfuerzo a la obtención de los beneficios.
Otras empresas ofrecen a sus trabajadores cursos de formación, cheques guardería o iniciativas para fomentar la salud y el deporte en la empresa. Las hay incluso que asesoran a sus empleados a la hora de la compra de un piso, o de hacer la declaración de la renta, por poner dos ejemplos. Saben que no todo es el sueldo a la hora de generar complicidad y buen ambiente en el centro de trabajo. La flexibilización del horario, la conciliación de la vida familiar y laboral, y la promoción de prácticas saludables en la empresa son otras dos formas de remunerar a las plantillas, que contribuyen al rendimiento en el trabajo, a aumentar a medio y largo plazo la productividad y a reducir el absentismo.
Las empresas que se preocupan por estas buenas prácticas parten de la idea de que cuando un trabajador es feliz en su trabajo y se siente reconocido y recompensado, la empresa lo nota también en la cuenta de resultados. Si un trabajador viene a trabajar contento y está feliz en el trabajo, va a atender mejor a los clientes. Quiero decir que hay empresas grandes y pequeñas que son conscientes de que las buenas prácticas repercuten en la productividad. Y por eso hacen esfuerzos para que el empleado se sienta orgulloso de trabajar en la compañía.
Soy canario, de la isla de Fuerteventura. Licenciado en Filología Inglesa. Profesor de IES San Diego de Alcalá de Puerto del Rosario. Socialista. He sido consejero y vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, diputado del Parlamento de Canarias y senador por la comunidad Autónoma de Canarias. Escribo en mis ratos libres y he publicado varios libros (novela y poesía).
Otras empresas ofrecen a sus trabajadores cursos de formación, cheques guardería o iniciativas para fomentar la salud y el deporte en la empresa. Las hay incluso que asesoran a sus empleados a la hora de la compra de un piso, o de hacer la declaración de la renta, por poner dos ejemplos. Saben que no todo es el sueldo a la hora de generar complicidad y buen ambiente en el centro de trabajo. La flexibilización del horario, la conciliación de la vida familiar y laboral, y la promoción de prácticas saludables en la empresa son otras dos formas de remunerar a las plantillas, que contribuyen al rendimiento en el trabajo, a aumentar a medio y largo plazo la productividad y a reducir el absentismo.
Las empresas que se preocupan por estas buenas prácticas parten de la idea de que cuando un trabajador es feliz en su trabajo y se siente reconocido y recompensado, la empresa lo nota también en la cuenta de resultados. Si un trabajador viene a trabajar contento y está feliz en el trabajo, va a atender mejor a los clientes. Quiero decir que hay empresas grandes y pequeñas que son conscientes de que las buenas prácticas repercuten en la productividad. Y por eso hacen esfuerzos para que el empleado se sienta orgulloso de trabajar en la compañía.
Lo malo es
que ésta no es la regla general de las empresas españolas, sino más bien la
excepción.
Durante la
crisis en Canarias, por poner el ejemplo que me queda más cercano, principalmente
en el sector de la Hostelería, se ha producido un fenómeno paradójico: mientras
los índices de ocupación hotelera, el número
de visitantes y el gasto medio de los turistas no ha parado de crecer en
los últimos seis años hasta alcanzar cifras record, las condiciones laborales
han ido empeorado de manera directamente
proporcional. Y esto es así porque, aprovechando la desregulación propiciada
por la reforma laboral del PP en el año 2012, algunos desaprensivos se
han lanzado a las malas prácticas que desembocan en la explotación laboral pura
y dura. En estas empresas nadie se preocupa por el bienestar de la plantilla,
sino por la cuenta de resultados.
Igual que hace no mucho tiempo los
trabajadores de las zafras agrícolas en Canarias encarnaron el paradigma de la
explotación laboral, con trabajadores y sobre todo trabajadoras que vivían en
condiciones laborales paupérrimas en cuarterías insalubres que no reunían las
condiciones mínimas de habitabilidad —muchas de ellas están en pie todavía para
escarnio de los explotadores—, hoy las camareras de piso, y por ende muchos
trabajadores de la Hostelería en Canarias, son el referente más flagrante de la
explotación laboral en pleno siglo XXI.
Y esta situación se produce al socaire
de una supuesta crisis económica que no sólo no ha afectado al sector, sino que
el mismo se ha visto favorecido por cuestiones colaterales lamentables —el
terrorismo, las guerras y revoluciones fallidas en el norte de África y en
oriente próximo— que han desviado determinados flujos de visitantes hacia las
Islas y han propiciado unos índices de ocupación y unos márgenes de beneficios
—por la cantidad de visitantes y la espectacular subida de precios— nunca
vistos en el Archipiélago. Es cierto que estos índices de ocupación tan elevada
han generado mucha riqueza y algo de empleo. Pero, desgraciadamente, la riqueza
se está quedando en muy pocas manos —en las manos de los que tienen como único objetivo
existencial amasar fortunas y patrimonio sin escrúpulos—, y el empleo es de
tanta precariedad y de tan pésima calidad que podemos hablar sin tapujos de
obscena explotación laboral del siglo XXI.
No quiero meter en el mismo saco a
todos los empresarios turísticos de Canarias, porque soy consciente de que los
más honestos —conozco a algunos de ellos— están
haciendo las cosas bien y respetando las condiciones laborales
establecidas en los convenios colectivos negociados en su día por las
organizaciones sindicales, representantes legítimas de los trabajadores. Pero a
nadie se le escapa que en el negocio hay muchos desaprensivos, empresarios de
medio pelo, que utilizan todos los resquicios de la Ley de reforma laboral del
PP y toda clase de triquiñuelas para obligar a los empleados del sector a
trabajar en unas condiciones inaceptables en empresas que no pueden alegar situación de pérdidas.
Son contadas las compañías
que premian a sus empleados cuando obtienen beneficios, o las que ofrecen a sus
trabajadores cursos de formación, cheques guardería o iniciativas para fomentar
la salud y el deporte en la empresa. Son nulas las que prestan asesoramiento a
la hora de la compra de un piso, o de hacer la declaración de la renta, o se
preocupan por la conciliación de la vida familiar y laboral de sus empleados.
La mayoría ni se plantean ninguna de estas cuestiones de las que les hablaba al
principio de este artículo.
Por eso cobra una especial relevancia
el hecho de que el sindicato Comisiones Obreras haya logrado una sentencia
favorable que le da la razón frente a una cadena hotelera de Lanzarote. La
sentencia, según CC.OO, crea un precedente en la provincia porque obliga a una
empresa subcontratada por esta cadena a respetar las condiciones incluidas en
el convenio colectivo de hostelería de la provincia de Las Palmas.
La cadena
hotelera había despedido en septiembre de 2013 a 54 camareras de piso, todas de
la plantilla, para inmediatamente contratarlas de manera fraudulenta a través de
una empresa externa. La sentencia, según fuentes sindicales, señala que el
servicio sí se puede externalizar, siempre y cuando se respete el convenio
colectivo. A raíz de esta sentencia, la empresa deberá abonar la diferencia
salarial que no han cobrado en estos tres años las trabajadoras. La reforma
laboral de Rajoy es la que ha propiciado estos abusos y ha hecho que los
desaprensivos se hayan lanzado a una política fraudulenta de contratación que
ha propiciado que las horas extras no pagadas hayan alcanzado los 3,5 millones
semanales en los últimos 4 años, según el Instituto Nacional de Estadística.
Asimismo es de agradecer que desde el
Gobierno de Canarias, la vicepresidenta, Patricia Hernández, haya puesto en
marcha un Plan contra la Explotación Laboral en las islas para evitar que los
trabajadores canarios asuman más horas de trabajo que los que marca la Ley. El
solo anuncio del Plan con el refuerzo de las inspecciones de Trabajo y de la
Seguridad Social —40 inspectores se desplazan desde la Península— ha tenido un
efecto disuasorio con la regularización de miles de contratos abusivos. Por
otra parte, la vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que se prohibirán las
horas voluntarias y se tipificarán como infracciones graves la realización de
jornadas de trabajo superiores a lo acordado en los contratos a tiempo parcial.
Es
urgente acabar con la actual situación de paro, precariedad laboral e
inseguridad en el empleo, que el gobierno del PP ha agravado en los últimos
años. Pero es igualmente urgente acabar con las malas prácticas empresariales y
explotación laboral, y de manera especial en el ámbito de la Hostelería que es
el principal pilar sobre el que se sostiene la economía de las Islas.
Nadie
entiende que en una comunidad autónoma como Canarias, con poco más de 2.000.000
de habitantes y que recibe unos 13.000.000 millones de turistas al año tenga
una de las tasas de paro más elevadas de España y de la Unión Europea, y se
estén produciendo prácticas empresariales tan inaceptables como las que están
sufriendo los trabajadores de la hostelería en general, y las camareras de piso
en particular, que por las jornadas abusivas que se les imponen están
encabezando además los índices de enfermedades profesionales.
Este uso perverso del trabajo a tiempo
parcial y, en general, de la desregulación del tiempo de trabajo, tiene un
impacto negativo en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y
en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; mujeres que, no sólo tienen
menos disposición para la realización de las horas extraordinarias sino que
están siendo expulsadas del mercado laboral por la imposibilidad de adaptación
a estos nuevos tiempos de trabajo.
Los
trabajadores canarios merecemos unas condiciones de trabajo dignas. Acabemos
con las prácticas empresariales abusivas y la explotación laboral, con el
esclavismo del siglo XXI. Canarias no puede ser un paraíso solo para los
visitantes y los desaprensivos que desprecian a sus empleados.
Domingo F. Fuentes Curbelo
Soy canario, de la isla de Fuerteventura. Licenciado en Filología Inglesa. Profesor de IES San Diego de Alcalá de Puerto del Rosario. Socialista. He sido consejero y vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, diputado del Parlamento de Canarias y senador por la comunidad Autónoma de Canarias. Escribo en mis ratos libres y he publicado varios libros (novela y poesía).