El
procedimiento para adquirir una nave en la zona industrial del Cuchillete por
parte de la institución insular “se aproxima más a un proceso de adjudicación
directa”.
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“CC
está de nuevo utilizando dinero público para socorrer a un particular de su
entorno”, resume el portavoz de Podemos.
“De
nuevo CC ha utilizado dinero público para socorrer a un particular de su
entorno, favoreciendo su red clientelar por encima de las necesidades del conjunto
de la ciudadanía”. Así resume el portavoz del Grupo Podemos en el Cabildo de
Fuerteventura, Andrés Briansó, el caso de la compra de una nave en la zona
industrial de El Cuchillete, por la que ahora –después de que la formación
morada lo pusiera en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Las Palmas- ésta
deduce posible existencia de un delito de prevaricación administrativa.
La
fiscalía señala concretamente a Manuel Miranda Medina (CC), actual Director de
la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y
ex-consejero de Hacienda del Cabildo de Fuerteventura, Edilia Pérez Guerra (CC),
consejera insular de Obras Públicas, Rita Díaz Hernández (PSOE), concejala en
el Ayuntamiento de Tuineje, ex-consejera insular de Agricultura y presidenta de
la Ejecutiva Insular Socialista, además de los antiguos consejeros insulares Eugenio
Cabrera Montelongo (PP) y Manuel Travieso Darias (AMF), también ex-alcalde de
Puerto del Rosario y ex-senador por CC.
Lo
que Podemos puso en conocimiento de la justicia fue la adquisición por parte
del Cabildo majorero de una nave situada en la zona industrial de “El
Cuchillete” en el término municipal de Tuineje, supuestamente con la finalidad
de servir como centro logístico para todas las actividades relativas a
Carreteras, Medio Ambiente, etc... vinculadas al uso de maquinaria y vehículos
del Cabildo en el sur de la isla.
Dicha
nave, se adquiere a la empresa Comercial Vehículos Maxorata, S.L., por un valor
de 1.100.960 euros a pesar de tres informes negativos emitidos por la Secretaría
del Cabildo que explicaban que en el expediente no se justificaba “por qué el
nuevo centro de trabajo pretendido debe estar en esa ubicación concreta y no en
otra”, máxime cuando el Cabildo ya cuenta, en propiedad y a poca distancia, con
unas naves ubicadas en los Llanos de la Higuera, considerando que podían ser utilizadas
para el fin pretendido, y que “las
restricciones efectuadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas hacen que el
procedimiento se aproxime a un procedimiento de adjudicación directa”.
La
formación morada explica que la nave adquirida no cuenta con acceso directo a
la carretera FV-2 (uno de los requisitos del pliego), y la propia Fiscalía
concluye que ni siquiera debiera haber sido admitida a licitación por lo que nos encontraríamos ante la “injusta
adquisición de una nave que no podía servir a los fines públicos para los que
debería ser destinada, ocasionando el desembolso injustificado de 1.100.960
euros del erario público, fruto de una decisión que parece arbitraria de Manuel
Miranda Medina”, seguida del “injusto acuerdo de la Mesa de Contratación de
admitir a licitación a la empresa.”
Podemos
observa que las condiciones establecidas en el pliego estaban dirigidas a
comprar esa nave en concreto por intereses privados, dándose la circunstancia
de que la empresa adjudicataria se encontrara en graves problemas económicos y
que la nave mantenía una hipoteca de 805.000 euros.
“Estas actuaciones, por encima de la ley y del
interés general, son una muestra de la corrupción entendida como una forma de
gobernar por parte de Coalición Canaria y sus sucesivos apoyos”, sentencia el
portavoz.
