El Tribunal Calificador acordó establecer las fechas de las pruebas a partir del próximo 15 de junio, y el Ayuntamiento de La Oliva ha comunicado al juzgado el decreto de cese del personal al término del proceso
La Oliva, a 23 de mayo de 2018. El Ayuntamiento de La Oliva ha adoptado medidas encaminadas a dar cumplimiento a la sentencia judicial que instaba a la institución a volver a celebrar las pruebas de selección del Cuerpo de Bomberos y a cesar al personal del servicio.
Tras completar la Corporación durante los meses previos el procedimiento administrativo necesario para nombrar un Tribunal Calificador, los miembros de este órgano conformado enteramente por funcionarios externos a la institución acordaron, tras reunirse este viernes, establecer el cronograma de las pruebas. Los exámenes tendrán lugar a partir del próximo 15 y de junio, y la convocatoria será efectiva tras su publicación en boletín oficial en próximas fechas.
En respuesta a los requerimientos al respecto, el Ayuntamiento de La Oliva ha remitido a las instancias judiciales correspondientes el acta del Tribunal Calificador estableciendo las fechas de las pruebas.
Paralelamente, el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, ha decretado el cese del personal del servicio de bomberos al término del proceso de selección.
Cabe recordar que las pruebas de selección para las trece plazas del cuerpo municipal de Bomberos que ejercen actualmente en La Oliva se celebraron originariamente en 2007, un proceso que fue recurrido y que se resolvió en última instancia por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en febrero de 2013, dictaminando que las pruebas debían retomarse a partir del segundo ejercicio.
Blanco, aunque se mostró cauto, declaró estar "satisfecho" con las medidas adoptadas, "pues consideramos que se trata de la mejor salida posible para cumplir con la resolución judicial sin llegar a prescindir de un servicio básico como es el de prevención y extinción de incendios, lo que significaría una situación de peligrosidad para el municipio".
De esta manera, serán los 63 aspirantes que superaron el primer examen, incluyendo miembros de la actual plantilla, quienes tendrán la opción de presentarse a las pruebas.
El concejal del área de Recursos Humanos, Rafael Avendaño, trasladó también un mensaje de tranquilidad, pues "tenemos la garantía de contar con un Tribunal Calificador independiente, compuesto por funcionarios externos al ayuntamiento, cinco titulares y cinco suplentes, en su mayor parte procedentes de consorcios de seguridad y emergencias y cabildos de Lanzarote y Gran Canaria, para tutelar todo el proceso, desde la organización de las pruebas hasta su calificación final". El concejal anunció que ya se ha iniciado el procedimiento para notificar a todos los interesados y publicar oficialmente en próximas fechas la convocatoria de las pruebas.
Respeto a las instancias judiciales
El acalde de La Oliva valoró que la adopción de estas medidas llega "tras unos meses muy duros" en que "hemos querido ser discretos y no entrar en la batalla mediática, porque cuando se hacen las cosas bien es más importante el respeto al estamento judicial que entrar en desmentidos. También por consideración a los miembros de la plantilla, que han seguido haciendo su trabajo con profesionalidad a pesar de las circunstancias".
Isaí Blanco lamentó cómo "mientras el municipio corría el peligro de perder un servicio esencial como es el de extinción de incendios, hemos asistido una vez más al penoso espectáculo de la política justiciera. Ha habido quien ha hecho suyo un proceso con el que nada tiene que ver, para intentar sacar tajada política".
Como se ha dicho, "este es un asunto heredado desde hace muchos años, y de los tres gobiernos de la presente legislatura este ha sido el único que ha hecho algo para intentar solucionarlo".
Desgraciadamente, dijo, "alguno se habría alegrado de dejar al municipio sin bomberos y de poner en peligro a la población".
Hay que recordar que, tras la sentencia firme de 2013, el primer requerimiento judicial con el actual grupo de gobierno se produjo en el mes de octubre de 2017, una vez que el ayuntamiento ya había iniciado los trámites para retomar las pruebas.
El Ayuntamiento de La Oliva se ha movilizado desde entonces para buscar una solución a través de varias vías, contando con la implicación de los distintos departamentos municipales, de manera especial la Secretaría General, y también otros como los servicios jurídicos, Recursos Humanos, etc., a quienes la Corporación gradece su implicación en la resolución del problema.
