El alcalde Isaí Blanco anunció
hoy acciones jurídicas encaminadas a recuperar espacio público al que podría
estar dándose uso privado, la revisión de las cuotas de urbanización que se han
girado a cientos de propietarios, y la presentación del informe de auditoría
forense ante la Fiscalía Anticorrupción y otros órganos fiscalizadores
La Oliva, Fuerteventura a 25
de febrero de 2019. El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, dio a conocer esta mañana
las acciones que ha iniciado el Ayuntamiento como consecuencia de la auditoría
encargada sobre el proceso de urbanización de Corralejo y en relación a la
empresa mixta Urbanizadora Corralejo Playa SA, que ha concluido revelando la
presunta comisión de "múltiples irregularidades".
Se trata de "un
compromiso adquirido cuando entramos a gobernar", indicó Isaí Blanco,
"junto a la revisión de las cuentas municipales y la elaboración de un
presupuesto que nos ha permitido elevar la capacidad de gasto de esta
institución en un 60%". "Compromisos cumplidos que no tienen otro
objetivo que hacer justicia con los vecinos y vecinas de este municipio, defender
el espacio público, proteger el territorio y cumplir la legalidad".
Tras anunciar en el último
pleno la conclusión de este informe, en la última Junta de Gobierno local se
aprobó el inicio de tres procedimientos de ámbito jurídico, "siguiendo las
conclusiones y recomendaciones que nos presenta este informe de auditoría",
dijo Isaí Blanco, que compareció hoy junto al primer teniente de alcalde, Oliver
González, y otros compañeros de gobierno como Juan José Rodríguez, Omaira
Saavedra y Gleiber Carreño.
Estos tres procedimientos
están encaminados a recuperar espacio público que podría haber sido ocupado
durante el proceso de urbanización de Corralejo, la supervisión y si procediera
anulación del proceso de cobro de cuotas urbanísticas a cientos de propietarios
de la Urbanización Corralejo Playa, y la presentación de este informe a los
organismos correspondientes, como la Fiscalía Especial contra la Corrupción y
la Criminalidad Organizada, la Audiencia de Cuentas de Canarias, el Tribunal de
Cuentas, y la Dirección General de Seguros y Fondos de pensiones.
Blanco valoró que estas
acciones se emprenden "ante la gravedad de los hechos que se describen en
este informe. Hablamos una sucesión de actuaciones y decisiones que tomaron en
su día desde esta institución y desde la empresa mixta Urbanizadora Corralejo
Playa, que podrían haber dañado gravemente los intereses generales del
municipio".
Según los auditores, pueden estar
perjudicados los intereses de este ayuntamiento, pero también los intereses de
cientos de vecinos y de particulares de esta urbanización.
La Urbanizadora Corralejo
Playa SA es la empresa mixta con capital mayoritario del ayuntamiento que se
constituyó en los años noventa para culminar la urbanización del Plan parcial Corralejo
playa, y para gestionar el cobro de las cuotas urbanísticas a los propietarios
de esa zona.
El título de este documento ha
cambiado con respecto al que se encargó, de una auditoría específica de la empresa
mixta Urbanizadora Corralejo Playa SA, a 'Informe de auditoría forense del
procedimiento de urbanización de Corralejo', dado el mayor alcance de la problemática
detectada, y aludiendo el término "forense" a una constante que se ha
repetido durante la investigación, la dificultad para acceder a la información
necesaria para esclarecer lo que ha pasado con esta entidad.
En este sentido, Urbanizadora
nunca presentó contabilidad a la Audiencia de Cuentas, a pesar de ser una
empresa de capital mayoritario público. Tampoco consta adjudicación pública
para ejecutar las obras, no han aparecido las certificaciones de las obras, por
más que el ayuntamiento las ha solicitado, ni se ha podido constatar que el
socio privado de la empresa se eligiera por libre concurrencia.
Otras posibles irregularidades
sobre las que llama la atención este documento son una enajenación del 10% del
suelo de aprovechamiento público del plan parcial que sería nula de pleno
derecho, el cambio del sistema de actuación considerando a los articulares
minoritarios como obligados urbanísticos, generando su indefensión, la
aprobación del proyecto de reparcelación por un órgano no competente, o la
posible prescripción de los plazos para el cobro de las cuotas, entre otras.
Con respecto al giro de cuotas
urbanísticas dentro del Plan de
Reparcelación Económica de Corralejo Playa, es un proceso que inició de
nuevo el ayuntamiento en 2014 en cumplimiento de una sentencia judicial, que
sigue activo actualmente, y en el que son interesados cientos de vecinos y
propietarios de la zona. El informe recomienda la revisión y si procediera
suspensión de estos cobros, al detectar una "variación
injustificable" en el procedimiento de elaboración del padrón de cuotas.
La auditoría de la entidad ha sido un documento
fundamental para evaluar la ejecución de este plan. El Ayuntamiento de La Oliva
comenzó a ejecutar el padrón de cuotas en el verano de 2018 debido a las
reiteradas solicitudes de la empresa acreedora, y a numerosos incidentes de
ejecución de sentencia remitidos desde el juzgado. El equipo auditor considera
que, " en el caso que se hallen pendientes pagos por la obras de
urbanización, se debería instar a la
declaración de la responsabilidad en los administradores de la sociedad
urbanizadora, y no que recaiga la misma en el Ayuntamiento de La Oliva".
En cuento a la recuperación del espacio público, según
indica el informe de auditoría, existe una serie de zonas verdes y viales
públicos en al menos tres parcelas, "correspondientes al dominio público del
plan parcial que están siendo utilizados como uso privativo, una realidad que
sería contraria al planeamiento", recomendando en sus conclusiones que "proceda
a su recuperación para el Patrimonio Municipal en los términos que se establece
en el Decreto 8/2015 para la agilización y modernización de la gestión del
patrimonio de las corporaciones locales de Canarias".
Urbanizadora Corralejo Playa SA
Dada la gran complejidad de la
materia en cuestión, en agosto de 2017 el actual gobierno en el Ayuntamiento de
La Oliva encargó a una consultora externa con acreditada experiencia la
revisión contable de la Urbanizadora Corralejo Playa SA.
Urbanizadora Corralejo Playa
SA fue la empresa surgida por mandato del pleno del Ayuntamiento en 1994, y
constituida con capital mixto al 55% municipal y al 45% por Cahispa SA de
Seguros de Vida, que por encargo del mismo plenario el 10 de febrero de 1996 se
ocupó de iniciar la recaudación de las cuotas correspondientes a los costes de
urbanización del Plan parcial Corralejo-Playa a los propietarios de las
parcelas de la zona.
Cahispa SA de Seguros de Vida por
entonces era propietaria de la mayor parte de los terrenos. La primera fase fue
ejecutada por Vertrange, predecesora de Cahispa, que ejecutó la segunda fase, y
es en la tercera fase cuando apare la Urbanizadora. En el Plan Parcial
Corralejo Playa se urbanizó una amplísima superficie de Corralejo, unos 1,7
millones de metros cuadrados, que hoy en día abarcan todo el frente marítimo de
la localidad turística, desde el Casco Viejo hasta el Parque Natural de las
Dunas.
Los problemas que esta entidad
ha generado a la institución municipal se deben, por un lado, a la
disconformidad de los propietarios con las cuantías de las cuotas para sufragar
esas obras, dando lugar a un elevado número de reclamaciones judiciales, muchas
de las cuales se resolvieron en un total de 304 sentencias dictadas entre 1999
y 2008, 152 de ellas en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, otras 152
en el Tribunal Supremo, y 95 autos.
Todos los fallos coincidieron
en declarar nulo de pleno derecho el mencionado acuerdo plenario de 1996. Esta
condición de nulidad fue debida a diferentes defectos formales, como la
ausencia de un presupuesto detallado de las obras, la omisión del preceptivo
trámite de audiencia a los interesados, o la incompetencia de Urbanizadora
Corralejo Playa para girar esas cuotas, siendo esta competencia correspondiente
al Ayuntamiento de La Oliva y no a la mercantil.
Por otro lado, la empresa que
ejecutó la urbanización, Dragados, denunció también el impago de casi 5
millones de euros de ejecución de las obras, fallando la justicia a su favor a
cobrar ese importe más los intereses. El Ayuntamiento de La Oliva fue instado
judicialmente en 2013 a repetir el padrón de cuotas para pagar esa deuda, un
proceso que sigue vivo en la actualidad.
La auditoría de la
Urbanizadora Corralejo Playa encargada por el Ayuntamiento con el actual
gobierno puede ayudar a resolver la situación, pues una parte importante del
problema tiene que ver con la ausencia de una parte importante de la
información, ya sea porque no constaba, o porque no se facilitó durante la
investigación.
