La Oliva, a 15 de octubre de 2018. El Ayuntamiento de La Oliva, por acción del alcalde presidente de esta institución, Isaí Blanco, ha presentado esta mañana en los juzgados una querella criminal por la presunta comisión de diferentes delitos relacionados con la gestión del alcalde anterior, Pedro Amador, y un asesor contratado por este.
Según figura en el escrito de denuncia, se les atribuye entre ambos la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, malversación, deslealtad profesional, falsificación de documentos públicos, administración desleal y usurpación de funciones públicas.
La decisión de presentar esta querella tiene su origen en el reconocimiento por parte del Ayuntamiento de La Oliva a la entidad Nombredo SL, a través de los decretos dictados por el exalcalde Pedro Amador, de una serie de gastos de mantenimiento y otros servicios relacionados con la urbanización Origo Mare, por un importe de 439.043,45 euros en concepto de abono de facturas, y otros 26.807,70 euros en concepto de indemnización, 465.851,15 euros en total.
Estas resoluciones estuvieron avaladas únicamente por los informes de un asesor externo, Xavier Salas Martín, lo que según se aprecia en la querella supone "un cauce ajeno al prescrito por la Ley, de modo arbitrario y sin informe preceptivo alguno de Funcionario Municipal".
De igual manera, y al margen de estas consideraciones, la querella detalla el proceso de reconocimiento de esta deuda, el cual, supuestamente, no tuvo en cuenta la prescripción legal de los abonos anteriores al año 2014, de manera que el quebranto a la Hacienda Municipal no sería inferior a los 229.490,84 euros.
El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, declaró que "en todo momento nos encontramos ante presuntos delitos, de manera que será la justicia quien determine si existe o no responsabilidad en los hechos denunciados".
También señaló Blanco cómo, "desde que entré a gobernar hace un año y medio, siempre he tratado de mantenerme al margen de las numerosas causas judiciales que arrastra esta institución, porque considero que dañan la imagen del ayuntamiento y de todo municipio".
No obstante, indicó, "ante la gravedad de la información recopilada estamos obligados a acudir a la Justicia para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades, si las hubiera, pues hablamos de un posible quebranto económico a las arcas municipales y, por extensión, a los intereses de todos los vecinos y vecinas de La Oliva".
