Fuerteventura.- Los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de
Puerto del Rosario, Fernando Enseñat, Ignacio Solana y Clara Peña, celebran que
el Ayuntamiento de Puerto del Rosario haya incorporado las enmiendas del PP a
la Ordenanza Reguladora de las Bases para la concesión de subvenciones sociales
dirigidas a personas y familias con escasos recursos económicos para colaborar
en sus gastos por vivienda habitual de Puerto del Rosario, conocida como IBI
social.
"La aprobación de
estas ayudas va a permitir a muchas familias aliviar su situación en estos
momentos tan difíciles donde, a los 4.000 parados que tiene Puerto del Rosario,
hay que sumar los más de 2.400 que se han visto afectados por ERTE, que siguen
sin cobrar prestación, así como a muchos autónomos que han cerrados sus
negocios o solicitado el cese de actividad", aseguró el portavoz del PP,
Ignacio Solana.
En concreto, los
concejales presentaron una batería de modificaciones a la ordenzanza entre las cuales se
solicitaba eliminar el límite de edad, fijado en 30 años, y rebajar el
porcentaje de 66 al 35% para que más personas con discapacidad puedan acogerse
a esta ayuda. "No conseguimos sin embargo, que aprobaran el límite de
hijos, establecido en uno, por lo que muchas familias se quedarán fuera de
estas ayudas a pesar de que son las que más lo necesitan".
El concejal Fernando
Enseñat recuerda que esta era una de las iniciativas con las que el PP había
concurrido a las elecciones de mayo de 2019 "y que propusimos como moción en
el mes de noviembre. "La iniciativa fue rechazada por el grupo de
gobierno", asegura Enseñat, "pero han tenido que reconocer que muchas
familias se verán beneficiadas de esta subvención pensada para ayudar a hacer
frente al pago del IBI por su vivienda habitual y posibilita el pago de
impuestos a las personas que, de otra forma, no pueden afrontar el pago del
IBI".
Enseñat recuerda que "esto
es muy importante tenerlo en cuenta pues a muchas familias se les han denegado otras
ayudas como becas por ejemplo, por no estar al corriente de pago de impuestos
con la administración. Es la pescadilla que se muerde la cola por lo que esto
evitaría la situación de morosidad de personas en situación de riesgo y alivia
la carga fiscal a los que más lo necesitan", finaliza.
