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El Gobierno de Canarias aportará este año 1.232.062 euros, lo que supone un
incremento de 16.664 euros con respecto a 2014
El
Gobierno de Canarias ha autorizado hoy en Consejo de Gobierno la suscripción de
dos convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma
de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura para la prestación de servicios en
centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de
dependencia con un montante que asciende a 1.232.062 euros. Esta aportación
supone un incremento de la financiación por parte del Gobierno canario en el
marco de este Convenio con respecto a 2014, de un total de 16.664 euros.
A
la cantidad aportada por el Gobierno en el marco de este Acuerdo, se suma la
aportación contemplada en el Convenio realizada por el Cabildo de
Fuerteventura, un total de 381.185 euros, por lo que la financiación para la
atención de recursos de atención a las personas en situación de Dependencia
asciende a 1.613.247 euros.
Un
total de 170 plazas financiadas
A través de este Convenio se garantiza la financiación, para
la isla de Fuerteventura de un total de 170 plazas, tanto de carácter
residencial como en centros de día, lo que supone un aumento con respecto al
pasado año de tres plazas.
Con la entrada en vigor de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia, se define un marco de actuación común
y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada
de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de
dependencia.
El instrumento que garantiza esta
atención es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD),
por medio de un Catálogo de prestaciones de servicios y económicas, configurado
como una red pública que integra centros y servicios públicos y privados
concertados y acreditados.
En Canarias, la distribución de
competencias en materia de servicios sociales implantada por la Ley 9/1987, de
9 de abril, de Servicios Sociales, pone de manifiesto la necesidad de avanzar
en la cooperación y coordinación interadministrativa entre las Administraciones
Públicas implicadas.
Asimismo, a la hora de planificar
el Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia se estimó
conveniente aprovechar la experiencia adquirida en la ejecución del Plan de
Infraestructura Sociosanitaria, Área de Mayores aplicado en Canarias, y del
Programa Sociosanitario de Atención a la
Discapacidad de Canarias, así como de los convenios de colaboración suscritos
en los años 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014 con los siete Cabildos Insulares para
la atención a personas en situación de dependencia y, en general, a las
personas mayores o con discapacidad.
El
compromiso del Gobierno con la generación de recursos para la atención a las
personas mayores o con discapacidad en situación de dependencia, se concreta en
la integración de los mismos en el Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia de Canarias, si bien habrá de dar cabida en el mismo a las personas
usuarias que no tengan reconocida la situación de dependencia o a aquellas que,
teniéndola reconocida, no les corresponda la efectividad del derecho a las
prestaciones de dependencia conforme al calendario establecido en la
disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, modificada por
el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, pero que han venido recibiendo atención en virtud del
sistema de los planes sectoriales.
Dado que el convenio firmado en
el año
2014, tanto en el
área de mayores como en el área de discapacidad, finalizó su vigencia en dicho
año, se hace necesario formalizar un nuevo convenio que articule la colaboración
entre la Administración Autonómica y el Cabildo Insular de Fuerteventura,
durante 2015, para la prestación de los
servicios en centros de día y de noche, así como de atención residencial
incluidos en la Red de Centros Sociosanitarios propios o concertados por la
referidas corporaciones, a personas en situación de dependencia y, en general,
a personas mayores o con discapacidad.
