La revisión contable de las cuentas del ayuntamiento en los últimos años ha sido realizada desde la propia Intervención y utilizada en la elaboración del Presupuesto ya aprobado
El Ayuntamiento espera los resultados de otra investigación sobre la Urbanizadora CORRALEJO-PLAYA SA entre 1996 y 2006. La empresa mixta gestionó la urbanización del Plan Parcial Corralejo Playa y el cobro de las cuotas a los propietarios
La Oliva, Fuerteventura a 16 de marzo de 2018. El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, ha anunciado que la labor de auditoría de las cuentas municipales encargada por el actual grupo de gobierno avanza según lo previsto. "La auditoría contable del ayuntamiento desde el año 2012 hasta la actualidad es el primer trabajo terminado. Se encargó al interventor en junio de 2017, y "fue una herramienta crucial en la elaboración de los actuales presupuestos".
Quedan por delante "los resultados de otra investigación que ha encargado este grupo de gobierno sobre la Urbanizadora Corralejo Playa SA entre los años 1996 y 2006". La liquidación de la que fuera empresa mixta municipal no se ha producido todavía, y para ello es necesario revisar la contabilidad de esta entidad en primer lugar". La empresa y el Ayuntamiento, como responsable subsidiario, han sido condenados a pagar cerca de 5 millones de euros en procesos judiciales relacionados con la actividad de esta empresa mixta, concretamente en relación a las cuotas que abonaron los propietarios de la urbanización Corralejo Playa durante la ejecución del plan parcial del mismo nombre.
Con estos trabajos económicos, trasladó el alcalde, "cumplimos uno de los principales compromisos adquiridos cuando asumimos las tareas de gobierno el pasado mes de mayo, junto a la elaboración y aprobación de un presupuesto, algo que no hacía esta institución desde diciembre de 2014. Hemos querido auditar las cuentas municipales durante un amplio periodo en que gobernaron alcaldes y partidos de todos los signos políticos, con voluntad de total transparencia, y para explicar a los ciudadanos la realidad económica que tiene esta institución".
Auditoría contable de las cuentas municipales 2012-2016
Con respecto a la auditoría contable de las cuentas municipales, fue realizada por el Departamento de Intervención, analizando los datos económicos relevantes de los ejercicios fiscales ya cerrados (2012 y 2016), y se ha solicitado también su actualización hasta la fecha una vez se produzca estos meses el cierre fiscal del ejercicio 2017. Blanco destacó la "garantía" que supone haber contado con el actual interventor para realizar esta tarea, "un funcionario habilitado nacional cuyo rigor e independencia están fuera de toda duda". Además, añadió, "esta fórmula ha supuesto un importante ahorro económico, pues los presupuestos solicitados a consultoras externas alcanzaban unos costes altísimos".
El concejal de Economía y Hacienda, Juan José Rodríguez, valoró los resultados de "una auditoría que no ha puesto de manifiesto anomalías contables de gravedad, con excepción del tema de la caja fuerte que ya reveló la Intervención en su día y que continúa investigando los juzgados y el Tribunal de Cuentas". Destacó también que la investigación "dibuja una situación económico financiera municipal, en general, saneada, con ciertos aspectos económicos a corregir".
En este sentido, señaló, "hacer esta auditoría era necesario para aclarar los aspectos mejorables de la actividad económica, financiera y tributaria del Ayuntamiento, y ha sido un documento fundamental en la elaboración del nuevo presupuesto. Nos ha permitido solucionar muchos de los problemas que venía arrastrando esta institución, y de manera especial la planificación de ejecuciones de sentencias e indemnizaciones. Seguimos trabajando en una línea clara de estabilidad y eficiencia, con próximos retos como mejorar los servicios que prestan los grandes proveedores, actualizando los contratos de electricidad, alcantarillado o telefonía, o revisar el estado de posibles cobros pendientes".
En cuanto a la ejecución de Sentencias e Indemnizaciones, el informe de Auditoría señala como "la corporación se encuentra en medio de procesos judiciales con las empresas Canaragua o Colaboración Tributaria por reclamaciones de importes a la corporación que alcanzan cifras de en torno a una cuantía principal inicial de 9,8 millones de euros en el primer caso y de en torno a 700.000 euros por año de contrato en lo que se refiere a la segunda".
Señala Rodríguez al respecto que "nuestra planificación económica contempla afrontar estos pagos con el remanente de tesorería, y se han solventado casos posteriores a la emisión del informe, como la compensación de 10 millones de euros aprobada en el pleno de enero para indemnizar a los vecinos propietarios de los solares donde se ubican el Centro de Salud y la Estación de Guaguas, así como también estamos preparados para afrontar otras sentencias pudieran llegar".
El Ayuntamiento de La Oliva, dijo, "por fin está organizado para evitar que los errores del pasado puedan dañar los servicios públicos".
Por otro lado, la Auditoría revela un valor importante en el apartado de Pendientes de Cobro, con un acumulado histórico de 37 millones de euros. Juan José Rodríguez, explicó como "si bien este dato nos causó preocupación, tras revisarlos con el Departamento de Recaudación hemos podido constatar que está bajo control.
El dato se ha revisado y actualizado con los técnicos hasta situarse en 25 millones de euros correspondientes, en su mayor parte, a grandes deudores que nunca satisficieron sus obligaciones, y que se hace muy difícil ejecutar por encontrarse en concursos de acreedores, bajo embargo, etc.". Además, los técnicos de Recaudación no han procedido a "depurar" esos pendientes de cobro, como suelen hacer otras administraciones para cuadrar sus cuentas, "con el objetivo de hacerlos efectivos en el futuro, si se dan las condiciones necesarias". No obstante, explicó, "hemos podido comprobar que la recaudación funciona debidamente, tal y como refleja la situación de superávit presupuestario de en torno a 10 millones al año".
Auditoría a Urbanizadora CORRALEJO-PLAYA SA 1996 - 2006
Dada la gran complejidad de la materia en cuestión, en agosto de 2017 el actual gobierno en el Ayuntamiento de La Oliva encargó a una consultora externa con acreditada experiencia la revisión contable de la Urbanizadora Corralejo Playa SA 1996-2006, unos trabajos que, para asegurar una correcta fiscalización, se han desarrollado en colaboración con el interventor municipal y la Audiencia de Cuentas de Canarias. Este último, órgano competente para fiscalizar los organismos públicos, nunca ha recibido informe de contabilidad de la entidad.
Urbanizadora Corralejo Playa SA fue la empresa surgida por mandato del pleno del Ayuntamiento en 1994, y constituida con capital mixto al 55% municipal y al 45% por Cahispa SA de Seguros de Vida, que por encargo del mismo plenario el 10 de febrero de 1996 se ocupó de recaudar las cuotas correspondientes a los costes de urbanización del Plan parcial Corralejo-Playa a los propietarios de las parcelas de la zona. Ese plan parcial ocupa una amplia zona urbana de la localidad turística, incluyendo el frente marítimo y parte del interior de la localidad turística al sur del Casco Viejo de Corralejo.
La investigación en profundidad a Urbanizadora Corralejo Playa responde al objetivo que tiene la corporación de aclarar la situación de una entidad constituida inicialmente con capital mixto para coordinar la urbanización y dotación de los correspondientes servicios públicos municipales en el Plan Parcial Corralejo Playa. Para poder liquidar esta empresa, el Ayuntamiento de La Oliva debe reconstruir en primer lugar su contabilidad, pues hasta la fecha no ha presentado cuentas al órgano correspondiente, la Audiencia de Cuentas de Canarias, y resolver por otro lado la ejecución de numerosas sentencias judiciales relativas a su actividad.
Por un lado, el Ayuntamiento de La Oliva fue condenado en 2014 al pago subsidiario de 5 millones de euros (principal más intereses) a la empresa que ejecutó las obras de urbanización del Plan Parcial Corralejo-Playa, DRAGADOS SA, por considerar los tribunales que la entidad Urbanizadora Corralejo Playa SA no abonó al contratista la totalidad de los importes.
Por otro lado, la disconformidad de los propietarios con las cuantías de las cuotas para sufragar esas obras dio lugar a un elevado número de reclamaciones judiciales, muchas de las cuales se resolvieron en un total de 304 sentencias dictadas entre 1999 y 2008, 152 de ellas en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, otras 152 en el Tribunal Supremo, y 95 autos. Todos los fallos coincidieron en declarar nulo de pleno derecho el mencionado acuerdo plenario de 1996.
Esta condición de nulidad fue debida a diferentes defectos formales, como la ausencia de un presupuesto detallado de las obras, la omisión del preceptivo trámite de audiencia a los interesados, o la incompetencia de Urbanizadora Corralejo Playa para girar esas cuotas, siendo esta competencia correspondiente al Ayuntamiento de La Oliva y no a la mercantil.
Solución en camino
El concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de La Oliva, Juan José Rodríguez, explicó que la acción del Ayuntamiento de La Oliva "para dar una solución definitiva a este asunto y ejecutar todas estas sentencias al respecto es la Revisión de Oficio de la Reparcelación Económica del Plan Parcial Corralejo Playa".
Este proceso resolverá la anterior propuesta de distribución de cuotas, "que al parecer no fue correcta, y se está trabajando con todas las garantías para poder calcular la cuantía que corresponde a cada propietario", dijo. Para ello es necesario descontar los importes en los casos de que las cuotas ya fueran pagadas, notificar una cuota resultante provisional, con su correspondiente periodo de alegaciones, y aprobar definitivamente el expediente para poner al día el cobro las cuotas.
"Este trámite permitirá obtener la recaudación necesaria para cumplir la sentencia judicial que obligaba al pago a Dragados, y echar luz definitivamente sobre una empresa mixta cuya gestión nunca ha estado clara. El objetivo no es otro que concretar una cuota justa y acorde para todos los vecinos particulares y entidades turísticas que tienen propiedades en esa urbanización", concluyó el concejal.
