Fuerteventura.- El gobierno de España va revisar el permiso de ocupación del dominio público terrestre otorgado en 2003 al Hotel Riu Oliva Beach. El informe de la Abogacía del Estado indica que Riu ocultó información sobre la titularidad de los apartamentos que ni siquiera habían sido construidos cuando entró en vigor la ley de Costas en 1998, un requisito indispensable para obtener el permiso.
Una estrategia que podría costarle cara y que podría llevar al derribo del establecimiento y a la pérdida de empleo a los cerca de 370 empleados directos. Es la “mayor preocupación”, según estima el director insular de la Administración del Estado en Fuerteventura, @Domingo Fuentes, quien siempre ha cuestionado “el uso de los trabajadores” que ha realizado la empresa en el objetivo de conseguir sus fines.
