El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de La Oliva al completo, a través de los responsables de las áreas implicadas, traslada hoy el siguiente comunicado:
Desde que tuvo lugar el examen recurrido en 2007, y la sentencia del TSJC en 2013, este grupo de gobierno, que tomó posesión en mayo de 2017, ha sido el único que ha tratado de aportar una solución en estos años, frente a gobiernos anteriores, y frente a otros actores que se dedican a entorpecer el proceso.
Con respecto al cuestionamiento de la publicidad de las pruebas, este gobierno desmiente que esta no se haya producido, pues se enviaron todas las notificaciones, incluyendo a los dos opositores demandantes, en la dirección aportada por ellos mismos, notificaciones que no recogieron ni en su domicilio –tras intentarlo los notificadores en tres fechas y horarios distintos- ni en las oficinas de correos. Además, resulta evidente que conocían las fechas de las pruebas, puesto que pidieron al juzgado que las suspendieran.
El Departamento de Personal de esta institución siguió el mismo proceso con los 72 aspirantes, de los que se consiguió dar por informados a todos menos a 18. Siguiendo el procedimiento en estos supuestos, el ayuntamiento procedió a publicar la convocatoria oficialmente en su Tablón de Edictos.
Igualmente, y para reforzar todo lo posible la difusión de la convocatoria, se anunció en el portal de noticias de la web corporativa, mediante comunicado a los medios de información, y en redes sociales.
Con todo ello, se da por desmentidas las críticas que acusan a este gobierno de ocultación. El asunto, como se verá, tiene una explicación distinta.
Desde que se adoptó la decisión de retomar las pruebas de los bomberos y de cumplir la sentencia (por providencia de Alcaldía de octubre de 2017), hay un patrón que se ha repetido, un gobierno tratando de aportar soluciones, una parte demandante que se ha opuesto sistemáticamente a todas las resoluciones adoptadas, y un tercer actor, el grupo político Votemos, que ha actuado como vocero de parte.
Resulta evidente esta relación, cuando hasta en dos ocasiones desde octubre hasta ahora, el portavoz de Votemos ha aparecido en medios de comunicación informando de requerimientos judiciales que ni siquiera habían llegado al ayuntamiento todavía. Estas apariciones mediáticas han venido acompañadas, además, de filtraciones de documentos que sólo tienen el ayuntamiento y la parte demandante, y de descalificaciones a los miembros del gobierno.
La estrategia es clara y sencilla, por una parte, entorpecer el proceso, y por otra, proclamar las dificultades del gobierno.
Desde que tomó posesión en mayo de 2017, este gobierno ha cumplido con todos y cada una de los pasos necesarios para cumplir con la sentencia de 2013, iniciar el proceso, nombrar un tribunal calificador compuesto por funcionarios externos (venidos desde otras islas), convocar un nuevo proceso de selección, y decretar el cese de la actual plantilla. Sin embargo, este último punto parece ser el único que interesa a losm mencionados, se intuye que, o bien por rencillas personales, o bien por oportunismo político.
Tanto la parte interesada como la parte advenediza saben perfectamente que el Ayuntamiento de La Oliva pidió auxilio para poder cubrir el servicio en caso de no haber otra salida que cesar a la plantilla, sin encontrar la colaboración de otras administraciones. Conocen también las dificultades que ha supuesto encontrar a funcionarios independientes para formar parte del tribunal, cuya participación se está poniendo en peligro con esta persecución.
Igualmente conocen la advertencia penal que pende sobre el actual alcalde, y así se han dedicado a celebrarlo. Sin duda, les encantaría ver a los miembros de este gobierno citados en un juzgado, aunque fuera por un caso anterior a su mandato, y aun a costa de dejar al municipio sin un servicio vital como el de prevención y extinción de incendios.
¿Acaso no se dan cuenta del peligro que supondría dejar al municipio sin cuerpo de bomberos? ¿O no les importa? Aunque la suspensión fuera temporal, son vidas humanas las que están en peligro. Los bomberos de La Oliva salvaron esta misma semana a tres personas atrapadas en un accidente frontal. ¿Qué habría sido de ellas de no estar el personal?
Por todo ello, este gobierno rechaza y condena las actitudes irresponsables de quienes anteponen su protagonismo personal, sus rencores, o el oportunismo político, a la seguridad del municipio.
Por el momento, se aplaza el proceso de selección previsto para mañana viernes día 15 de junio. El juzgado así lo comunicó hace dos días –junto a los de siempre-, sin apenas tiempo para reaccionar, pues hasta última hora se trabajó para intentar salvar la convocatoria.
A pesar de todo, este gobierno quiere dejar claro que las pruebas se van a celebrar lo antes posible, con la misma transparencia que hasta ahora, con el apoyo de la oposición o sin él, cumpliendo con las instancias judiciales, y sobre, todo, a diferencia de otros, anteponiendo la seguridad de La Oliva a cualquier otra consideración.
Firmado:
Isaí Blanco, alcalde de La Oliva
Oliver González, primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana
Rafael Avendaño, segundo teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos
La Oliva, a 14 de junio de 2018.
