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El
consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, se reunió
con el alcalde de Puerto del Rosario, Nicolás Gutiérrez, quien señaló que la
parcela estará disponible de seis a ocho meses
· El primer Teniente de Alcalde y Concejal
de Obras, Carlos Rodríguez, y el Concejal de Urbanismo y Planeamiento, Roberto
Padilla, también participaban de esta reunión celebrada el pasado viernes, 21
de abril, en las dependencias del Ayuntamiento de Puerto del Rosario
El
consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José
Miguel Barragán, visitó el viernes pasado Puerto del Rosario, donde se reunió
con el alcalde, Nicolás Gutiérrez, y su equipo. Entre otros asuntos, abordaron
los trámites para sacar adelante la nueva sede judicial en esa ciudad. Barragán
expresó que el Ejecutivo sigue valorando la parcela donde ahora mismo está el
cuartel de defensa, que es el lugar que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario
contempla a este fin en su Plan General de Ordenación. El alcalde espera tener
disponible el suelo entre seis y ocho meses. Una vez que lo esté, Barragán se
comprometió a iniciar el proyecto de la obra.
El
futuro edificio acogerá la totalidad de los órganos judiciales y fiscales del
partido judicial de Fuerteventura, así como servicios, existentes en el partido
judicial y actualmente dispersos ahora en cuatro sedes (seis Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción -uno de ellos con Registro Civil Adscrito-, los
juzgados de lo Social número 2 y el de lo Penal número 2, ambos de Arrecife con
sede en Puerto del Rosario, el Decanato, la Fiscalía de Área de Arrecife-Puerto
del Rosario -sede de Puerto del Rosario- y la Sección de Puerto del Rosario del
Instituto de Medicina Legal de Las Palmas).
Contará
con 19.300 metros cuadrados de construcción repartidos en tres sótanos de 3.000
metros cuadrados cada uno en los que se ubicarán la sección del IML y la zona
de seguridad, entre otras dependencias. Las cuatro plantas restantes, ubicadas
sobre el nivel de suelo, tendrán una superficie de 10.300 metros cuadrados de
construcción.
Estas
plantas sobre rasante albergarán las oficinas, servicios y dependencias comunes
en las que confluye mayor cantidad de público y profesionales jurídicos con el
fin de evitar su desplazamiento a las plantas donde se sitúan los órganos
judiciales y fiscales propiamente dichos, a las que solo se accederá para
gestiones profesionales y comparecencias regladas.
La futura sede contemplará la diferenciación
funcional de los diferentes tipos de órganos (órganos unipersonales, Fiscalía e
Instituto de Medicina Legal) con sus propias previsiones de crecimiento de la
planta judicial en función del tipo de jurisdicción (Mixta, Social, Penal), así
como anillos perimetrales de circulación diferenciada para usuarios del
edificio por un lado (Personal de la Administración de Justicia: Magistrados,
Jueces, Fiscales, Letrados, Funcionarios), que constituyen la plantilla del
mismo, y profesionales y público por otro (abogados, procuradores, graduados
sociales, justiciables, entre otros), siendo el primero restringido y con
barreras de acceso ya que también será utilizado para circulaciones de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El
edificio mostrará un diseño interno flexible en lo que respecta la oficina
judicial tipo con vistas a que permita su remodelación rápida ante la
eventualidad de cambios legislativos en la materia (potenciación de servicios
comunes o reducción de la oficina de apoyo, por ejemplo), mientras que su
equipamiento contempla mesas compactas en “L” con formación de islas de dos,
cuatro u ocho funcionarios, según órgano o servicio. Cada puesto llevará un
armario que puede ser utilizado como separador.
Además,
se prevé la atención personalizada en los diferentes órganos y servicios a
través de mostrador, evitando así la entrada indiscriminada, tanto de público
como de profesionales jurídicos, en las oficinas judiciales y fiscales.
