Los ayuntamientos de La Oliva, Antigua y Tuineje son los primeros que se
han sumado al convenio de colaboración suscrito entre el Cabildo de
Fuerteventura y el Colegio de Abogados de Las Palmas para la puesta en marcha
de un servicio de intermediación hipotecaria que se prestará a familias con
dificultades en el cumplimiento de préstamos hipotecarios.
Pedro Amador,
alcalde de La Oliva, Salvador Delgado, alcalde de Tuineje, y Gustavo Berriel, primer teniente alcalde de
Antigua, se han acogido a este convenio suscrito entre el presidente del
Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, y el decano del Colegio de Abogados
de Las Palmas, Joaquín Espinosa, cuyo objeto está dirigido a evitar, en la
medida de los posible, los procedimientos de desahucio del domicilio de núcleos
familiares en situación de emergencia social.
Los tres ayuntamientos se comprometen a ofrecer a los ciudadanos, a través
de los servicios sociales generales o comunitarios, colaboración en la
información, valoración y documentación de las solicitudes relacionadas con
este servicio de asesoramiento jurídico e intermediación bancaria.
Para el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, este
convenio con el Colegio de Abogados "abre una posibilidad para que cuando
los servicios sociales municipales entiendan que una familia es susceptible de recibir
un apoyo de intermediación con entidades bancarias, pueda acudir al Colegio de
Abogados para recibir información y asesoramiento y, si el caso lo requiere,
intermediación prejudicial".
El Colegio de Abogados de Las Palmas, por su parte, se compromete a
conformar y organizar un turno de profesionales para el desarrollo de dicha
actividad, según recoge el convenio que se suscribirá en breve. Para acceder a
este servicio, los ciudadanos deben encontrarse en alguno de los supuestos de especial
vulnerabilidad conforme a la legislación sobre protección de deudores
hipotecarios sin recursos, residir en alguno de los municipios de Fuerteventura
que se adhieran al servicio y tener residencia habitual en su única y primera
vivienda.
El Cabildo de Fuerteventura y el Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran
Canaria constituirán una Comisión de Seguimiento formada por dos representantes
de cada entidad, estableciendo reuniones trimestrales a fin de evaluar el
desarrollo de los servicios.
